La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del secretario de Seguridad Pública estatal, el general Rolando Solano Rivera. Asimismo, adelantó que notificará el proceso de remoción del cargo a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, cuya destitución requiere de un proceso administrativo, jurídico y legislativo.

El anuncio de la mandataria de Guerrero es un primer paso positivo para despejar el camino a la acción de la justicia y destrabar el conflicto social provocado por el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sin embargo, es imperativo que se profundice el compromiso de su administración para llegar al esclarecimiento, establecimiento de responsabilidades, sanción a los culpables, reparación del daño y garantía de no repetición de sucesos como los del pasado 7 de marzo, cuando elementos del Grupo Táctico de Reacción Inmediata (Grupo Centauro) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abrieron fuego contra un vehículo en el que viajaban varios normalistas.

Está claro que la mala praxis de la SSP, que no sólo abusó de su poder sino que aparentemente alteró la escena del crimen y fabricó pruebas para inculpar a las víctimas, no se termina con la remoción de su titular. Por el contrario, dicha instancia arrastra un historial de conductas indebidas cuyo origen se remonta a su creación y a un diseño más orientado a la represión de la ciudadanía y el control político que a la protección de los habitantes y a prevenir, disuadir y combatir la delincuencia. Por este desvío sistemático de sus funciones legales, la SSP ha agraviado a los guerrerenses desde antes de los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando varias personas fueron asesinadas y 43 normalistas desaparecidos en Iguala. La tragedia de la semana pasada es sólo el último de una serie de eventos en que el abuso de la fuerza pública se ensaña con los jóvenes de Ayotzinapa.

Por lo dicho, es necesario avanzar en la restructuración y el rediseño de la SSP con el fin de inculcar entre sus mandos, administrativos y personal operativo el cambio de paradigma impulsado por el gobierno federal. Debe recordarse que el nuevo modelo implica dejar atrás la aplicación generalizada de la violencia oficial que caracterizó a los cuerpos policiales hasta 2018, para transitar hacia la construcción de la paz y el combate a la inseguridad, síntoma de problemas subyacentes como la pobreza, la marginación, la desigualdad y la imposición de un régimen económico que disuelve el tejido social.

En suma, el gobierno encabezado por Evelyn Salgado tiene dos grandes pendientes que deberá solventar en el futuro inmediato: buscar la procuración e impartición de justicia para Yanqui Kothan Gómez y otras víctimas de la represión, y restructurar a fondo la Secretaría de Seguridad Pública que heredó, institución que en la actualidad carece de capacidad y voluntad para cumplir sus funciones.