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Menos observaciones porque "se han hecho mejor las cosas": Colmenares

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El auditor Superior de la Federación, David Vázquez Colmenares, durante una mesa de trabajo en el la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, el 14 de marzo de 2024. Foto José Antonio López
14 de marzo de 2024 14:35

Ciudad de México. Entre insultos, descalificaciones a su trabajo y advertencias de que se le pueden fincar responsabilidades administrativas por “negligencia y solapador de la corrupción”, por parte de diputadas de Morena y del PAN, el titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, participó en la última de las Mesas de Trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para analizar la Cuenta Pública 2022, en la que recalcó “que hay menos observaciones a los recursos públicos porque los gobiernos federal, estatal y municipal han hecho mejor las cosas”.

El auditor Colmenares asistió a San Lázaro para aclarar dudas y realizar precisiones sobre los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, en la que subrayó que la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, la cual generó más del 64% del monto por aclarar, con un total de 14 mil 698 millones de pesos.

De igual forma, detalló, que el pago de recursos indebidos o injustificados al personal, suman 2 mil 106 millones de pesos, y representa el 9.2 por ciento del monto por aclarar que asciende a 23 mil millones de pesos.

Colmenares detectó en la Cuenta Pública 2022, que hay recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo de programa un total de 869 millones de pesos, que representan el 3.8 por ciento de los 23 mil millones pendientes por aclarar en el gasto federalizado.

Dio cuenta que detectaron que hay casi 200 millones de pesos pagados a trabajadores no identificados en los centros de trabajo y representan casi el 1 por ciento del total de recursos que faltan por aclarar.

Colmenares destacó que la ASF practicó revisiones de ciberseguridad, en donde se identificaron mejoras respecto a revisiones previas, como es el caso del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de las auditorías a TIC´s, se llevaron a cabo 18 auditorías, que totalizaron recursos fiscalizados por 21 mil 283 millones de pesos con una muestra revisada de 9 mil 369 millones de pesos que representa el 44% de alcance y se observaron 397.4 millones de pesos.

Sin embargo, el Auditor Superior de la Federación mencionó: “se pudo constatar que en general no se tienen implementados controles robustos de ciberseguridad, lo que pone en riesgo los activos de información de las entidades”.

Insistió Colmenares que, como resultado de las 1,762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22 mil 892 millones cien mil pesos y en cuanto a los gobiernos estatales, hay entidades federativas con mayores observaciones, ya que tiene montos por aclarar que superaron los mil 300 millones de pesos.

El auditor explicó que se logró el reintegro a la Tesorería de la Federación, gracias a la intervención de la Auditoría Superior, recursos por 3 mil 182 millones 200 mil pesos, “importe histórico y equivalente al 142% del presupuesto con que contó la ASF, es decir, que por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización en 2022, éste recuperó a la Federación 1.2 pesos”

La diputada de Morena, Inés Parra, le espetó a Colmenares: “Pésimo desempeño, auditor deficiente, negligente, encubre la corrupción en las auditorías. No es de extrañar la caída en picada de denuncias presentadas en su periodo de auditor. Cero denuncias en la Cuenta Pública 2021 y la de 2022. No siente vergüenza presentarse a esta comisión con éstos resultados a la baja, amañados. Es tramposo y solapador de la corrupción”.

Y la panista, María Elena Pérez Jáen, también a gritos y con carteles en los que se leía auditor que solapa la corrupción”, lo acusó de “esconder y solapar los actos de corrupción de funcionarios públicos allegados al presidente de la república”.

 

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