Ciudad de México. Un tribunal colegiado confirma la suspensión definitiva otorgada a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contra la vinculación a proceso que un juez de control le dictó en octubre pasado por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos, esquema conocido como "estafa maestra".

Los efectos de la medida cautelar son que la autoridad responsable continúe el proceso, hasta en tanto se celebre la audiencia intermedia, momento en cual debe suspenderse y no dictarse el auto de apertura a juicio oral mientras se resuelve si le conceden el amparo; asimismo, para que el ex funcionario quede a disposición del juzgado federal, , en el lugar en que se encuentra recluido, en cuanto a su libertad personal y a disposición del juez del proceso para su continuación, hasta en tanto se notifique la sentencia.

No obstante continuará preso en el Reclusorio Sur, ya que la suspensión no aplica contra la media de la prisión preventiva, ya que existe el riesgo de que el quejoso evada la acción de justicia por no tener un domicilio fijo en el cual se le pueda ubicar.

Además porque no acudió ante en el juez de control a efecto de celebrar diversas diligencias a pesar de estar debidamente notificado, de ahí que, dijo el colegiado, en este caso en concreto, no sea posible conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios.

Incluso los magistrados del colegiado argumentaron que de León Mojarro no aportó elemento alguno de prueba que deje a la luz, de forma evidente, que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada resulta ilegal y/o desproporcional.

En octubre del año pasado, De León Mojarro fue detenido en la colonia Lomas de Chapultepec. De ahí lo trasladaron al Reclusorio Sur donde compareció ante el juez Juan José Hernández Leyva, quien consideró que esta vez la Fiscalía General de la República (FGR) sí presentó elementos de prueba suficientes para decretar la vinculación a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en su contra por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.