Bogotá. Un animado intercambio de mensajes entre el ex presidente Álvaro Uribe y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre sus roles en la estrategia contrainsurgente que segó la vida de miles de campesinos acusados de supuestos vínculos con las guerrillas, concita hoy la atención de millones de colombianos interesados en el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido en décadas de conflicto armado interno.

Tras pagar una condena de 16 años en cárceles de Estados Unidos, Mancuso decidió regresar a Colombia y llegó al país el 27 de febrero a cumplir -según dijo- con las tareas emanadas de su condición de Gestor de Paz, cargo en el que fue nombrado por el presidente Gustavo Petro.

Nomás tocó suelo colombiano, el ex presidente Álvaro Uribe se pronunció en duros términos sobre el ex jefe paramilitar, quien ha develado episodios que vinculan al ex jefe de Estado con asesinatos de lideres de izquierda y masacres de labriegos: “Para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso ha hecho méritos de acusarme, de mentir”, dijo Uribe en un video ampliamente difundido en medios locales.

En espera de que se le otorgue libertad para poder ejercer su papel en la estrategia de Paz Total del gobierno, el hombre que dirigió una de las estructuras más sanguinarias de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a la que se le atribuyen al menos cinco mil crímenes, reiteró que se reunió varias veces con Uribe en una de sus fincas al norte del país para planear masacres y asesinatos selectivos, al tiempo que reiteró la complicidad del ex presidente con el proyecto contrainsurgente que se puso en marcha durante más de dos décadas, desde comienzos de los 80.

La respuesta de quien ocupó la presidencia de Colombia entre 2002 y 2010 fue anunciar que ampliaría una denuncia penal contra Mancuso por calumnia, agregando -en tono de víctima- que supuestos asesores del ex jefe paramilitar le hicieron llegar hace tres días un amenazante mensaje. “No le vamos a hacer daño, pero quédese quieto”, aseguró Uribe que le dijeron, aunque sin presentar pruebas ni revelar la identidad del mensajero.

Ya convertido en “víctima de amenazas”, Uribe recibió este lunes una inesperada carta de Mancuso basada en el viejo refrán de que “el que la debe la teme”.

También ampliamente difundida, la misiva comienza advirtiéndole a su destinatario que en sus reacciones “subyace un temor infundado que lo lleva a creer que he vuelto para perseguirlo, una forma de miedo que raya en la paranoia”.

Mancuso le recuerda a Uribe que no hace falta que él u otros comandantes de las AUC cumplan el papel de verdugos “pues su ocaso se va dibujando gris y bizarro en el imaginario colectivo de una sociedad que quiere pasar la página de la violencia”.

Tribunal de cierre

El ex jefe de los escuadrones de la muerte hace eco de una fórmula que circula por estos días en el debate político, invitando a su interlocutor a comparecer ante la justicia: “Su nombre y el mío están en esa página que los colombianos quieren pasar y lo invito a que la pasemos a partir de un tribunal de cierre al cual es preciso que usted y yo comparezcamos”.

En medio de la indignación de sus partidarios del Centro Democrático y de otras agrupaciones de extrema derecha que insisten en que la llegada del ex paramilitar hace parte de “un plan contra el ex presidente Uribe” , Mancuso remata la carta ratificando su lectura de lo ocurrido en los más álgidos años de la guerra interna: “Ya todo lo que se debía saber sobre sus vínculos con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y es más que suficiente para corroborar que durante sus años como gobernador de Antioquia y su primer mandato presidencial (2002-2006) hubo connivencia y cooperación entre las instituciones que usted lideraba y las AUC”.

Analistas locales han llamado la atención sobre el hecho de que esta polémica epistolar se de justo cuando ha sido elegida una nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, en cuya hoja de vida sobresale una investigación realizada en los años 90 sobre los vínculos entre políticos y gamonales tradicionales con las estructuras paramilitares que operaban en regiones de la costa caribe, los llanos orientales, Antioquia y departamentos del suroccidente del país.