La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó a los tres candidatos presidenciales el Compromiso por la paz, documento con siete ejes temáticos y 117 propuestas, en el que plantea la desmilitarización paulatina de las tareas de seguridad, desmantelar las redes criminales locales por medio del desarme y la reinserción social de sus integrantes; regular la mariguana; una reforma electoral y del sistema de partidos políticos, para erradicar su corrupción y penetración por el crimen organizado.

Fue la primera vez que los abanderados participaron en un mismo foro, aunque con diferentes horarios. Una especie de pasarela, de una hora para cada uno, para exponer sus diferencias o coincidencias con el documento elaborado a partir de foros realizados por la Iglesia en todo el país, tras los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en Cerocahui, Chihuahua, en 2022.

Opinión de 20 mil personas

Obispos, acompañados de jesuitas, entre otras agrupaciones religiosas y civiles, entregaron a Jorge Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum, en ese orden, el documento de más de 50 páginas, elaborado a partir de la opinión, según la Iglesia, de más de 20 mil personas.

Rogelio Cabrera López, presidente de la CEM, expuso que el documento contiene el clamor de las víctimas. La Iglesia tiene el sueño de que las propuestas se conviertan en agenda y compromiso por la paz, subrayó. Reunirnos con los candidatos y que ellos avalen el escrito, nos llena de profunda esperanza.

El documento plantea que existe un tejido social erosionado y frágil, un sistema de justicia lejano y burocrático en el que no hay confianza para denunciar ni capacidad para investigar, en el que predominan la impunidad y la corrupción, y un sistema de seguridad fragmentado, incapaz de responder a las economías criminales que hoy controlan muchos territorios del país.

Propone retomar recomendaciones de organismos internacionales para diagnosticar y prevenir el reclutamiento forzado y la esclavitud sexual de la niñez y juventudes; reconvertir las economías locales ilícitas en lícitas y eliminar el delito posesión simple de drogas del código penal, así como una política de reducción de riesgo y daño para usuarios de drogas.