Bogotá. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso fin a casi tres meses de suspenso político y jurídico al elegir hoy a Luz Adriana Camargo como nueva Fiscal General de Colombia en reemplazo de Francisco Barbosa.

Camargo, abogada especializada en derecho criminal y gran protagonista de los procesos que develaron los vínculos entre políticos tradicionales y paramilitares de extrema derecha, hacía parte de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro a la CSJ en agosto del año pasado y su elección se produjo luego de tres intentos fallidos del alto tribunal, en medio de un clima de alta tensión política derivado de lo que la oposición llamó “presiones indebidas” del presidente Petro.

Fruto de la Constitución de 1991 y con una frondosa nómina y seccionales en buena parte del territorio nacional, la Fiscalía es considerada por analistas locales como uno de los cargos más poderosos y apetecidos del país, al que han llegado hasta ahora personas muy cercanas al presidente de turno y ligadas a grandes conglomerados económicos.

No son pocas las acusaciones que pesan contra ex fiscales que usaron su cargo para favorecer a reconocidos políticos, funcionarios públicos y empresarios acusados de graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, al tiempo que construían montajes para afectar a voceros de la izquierda o líderes sociales y populares.

La nueva fiscal, quien tiene una larga trayectoria en el poder judicial, obtuvo 18 votos, dos más de la mayoría cualificada que se necesitaba para ser elegida por los 23 miembros del alto tribunal, que esta mañana fueron sorprendidos con la renuncia de otra de las aspirantes, Amelia Perez, envuelta en un truculento melodrama mediático.

En la hoja de vida de Luz Adriana Camargo sobresale su papel en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Gautemala, donde trabajó de la mano del actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez.

Su cercanía con Velázquez le ha valido la descalificación de los sectores de la derecha, que advierten sobre supuestos ánimos de “venganza y retaliación”, adviertiendo que será “una fiscla de bolsillo” del presidente Petro.

El jefe de Estado colombiano respondió en febrero pasado a las denuncias sobre supuestos ataques a la justicia por parte de manifestantes que rodearon el edificio de la CSJ, asegurando que “aquí la única que ataca la justicia es la extrema derecha que le tema a la llegada de una fiscal decente”.

Unos días más tarde, Petro definió a sus candidatas a Fiscal como “mujeres valientes y honestas, con gran experiencia jurídica”, subrayando que “es fundamental que estas personas no estén vinculadas al crímen”.

El mandatario acusó al fiscal saliente, Francisco Barbosa -propuesto en su momento por Iván Duque- de haber propiciado “una toma mafiosa de la Fiscalía” y de orquestar un plan para sacarlo del poder a través de lo que llamó “una ruptura institucional”.

La décima Fiscal General de Colombia, de 59 años, dijo durante sus exposiciones ante la CSJ que de ser elegida, trabajaría en darle un enfoque más territorial a la labor de los fiscales y dedicaría su mayor esfuerzo para desterrar la corrupción.

Aunque su nombramiento fue bien recibido por la mayoría de partidos políticos, las fuerzas de la extrema derecha, a traves de su vocero Miguel Turbay reafirmaron su temor de que “la justicia sea utilizada para hacer política”.