Durante muchos años, la intromisión de la industria de bebidas y alimentos procesados en las políticas públicas ha sido la norma en los países, pero en México eso ha cambiado por la decisión del gobierno federal de “blindar la toma de decisiones” de los conflictos de interés, afirmó Angela Carriedo, secretaria de Políticas Públicas de la Asociación Mundial de Salud Pública y Nutrición.

Señaló que este organismo fue consultado por las autoridades para elaborar un mecanismo que pudiera prevenir la interferencia de las empresas en las políticas de alimentación y agricultura. Desde entonces ha habido una serie de decisiones que colocan a la salud de las personas por encima de los intereses comerciales.

La más reciente fue la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión, con la cual se priorizan los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, el acceso al agua y el interés superior de la niñez en las políticas públicas sobre alimentación adecuada.

En conferencia de prensa, Christian Torres, coordinador del área de Conflicto de Interés e Interferencia de la Industria de El Poder del Consumidor, resaltó la apertura de los tomadores de decisión del gobierno de México para prevenir los conflictos de interés. Como parte de los lineamientos elaborados con ese fin se elaboró un cuestionario para identificar a los participantes en los grupos técnicos para la toma de decisiones, en particular en los temas de alimentación adecuada y sostenible.

El especialista en Salud Pública y Nutrición, resaltó que en México existen una serie de leyes y normas en esta materia. “Lo que hace falta es que se cumplan”, señaló, mientras que Carriedo advirtió que los mayores problemas se pueden presentar en los niveles estatales y municipales, donde es posible que no se perciba el riesgo de las asociaciones con el sector privado para la realización de campañas o programas que, aparentemente, son de beneficio para la población e incluyen inversiones económicas en las localidades .

En realidad, sostuvo, detrás está el interés por promover el consumo de bebidas con azúcares añadidos (refrescos) y alimentos ultraprocesados que, ya se ha demostrado, han contribuido al incremento del sobrepeso y obesidad de la población.