El pasado 7 de marzo, a las afueras de Chilpancingo, policías estatales de Guerrero atacaron a tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mataron a uno de ellos y retuvieron a otro indebidamente durante más de 10 horas. La Secretaría Estatal de Seguridad adujo que los normalistas viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo, que agredieron a balazos a los uniformados y que se encontraban en posesión de un arma de fuego, alcohol y droga. Tal versión fue rechazada por el entorno de las víctimas y puesta en duda por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la cual entregó la pesquisa a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que ésta atrajera la investigación. La dependencia federal señaló, al hacerse cargo del caso, que cuenta con indicios suficientes sobre delitos de violación a los derechos humanos.

La muerte del joven estudiante, de nombre Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, y los maltratos a los que fue sometido su compañero herido, obligan a una investigación rigurosa, puntual, sólida, urgente y verosímil, no sólo por un imperativo de justicia y lucha contra la impunidad, sino porque pudo tratarse de un episodio más de la injustificable violencia policial a la que han estado sometidos desde hace mucho tiempo los alumnos de Ayotzinapa, cuyo caso más doloroso y terrible es el asesinato de tres de ellos y la desaparición de otros 43, hace casi 10 años, en Iguala. De acuerdo con la información disponible, éste sería el más reciente caso de un atropello sistemático que ha derivado en una peligrosa tensión entre esa normal rural y el gobierno del estado, que se ha expresado en quemas de vehículos policiales, retención de efectivos de la Guardia Nacional –que no estuvo involucrada en el asunto– y otros actos de protesta.

Por otra parte, el esclarecimiento ágil y contundente y la impartición expedita de justicia son indispensables para evitar que la agresión contra Gómez Peralta y sus compañeros venga a complicar más los crecientes desencuentros entre la Presidencia de López Obrador y el movimiento de los padres y madres de los 43 muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, justo cuando los esfuerzos por llegar a la verdad en torno a esa tragedia parecen encontrarse en un punto muerto, y cuando se aproxima el décimo aniversario de la infamia perpetrada en Iguala en esa fecha.

Cabe demandar a la FGR, pues, que actúe con celeridad, veracidad y eficacia en la solución del caso, que establezca las responsabilidades correspondientes, que lleve ante un juez al o los responsables y que el Poder Judicial actúe al margen de la maraña de intereses oscuros que han venido obstaculizando el camino a la verdad en torno a la noche de Iguala.

Asimismo, es impostergable que el gobierno guerrerense lleve a cabo una restructuración a fondo de su corporación policial y que se emprenda una limpia generalizada en las policías municipales del estado, tareas que no han sido realizadas a pesar de la década transcurrida desde la desaparición de los 43.