Puerto Príncipe. El gobierno de Haití prolongó este jueves por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, en plena ola de violencia criminal en el empobrecido país caribeño.

La medida, publicada en el diario oficial de la pequeña nación, afecta a todo el departamento del Oeste, que incluye a Puerto Príncipe, e irá acompañada hasta el lunes de un toque de queda entre las 18 horas y las 05 horas locales.

El fin de semana pasado, las autoridades ya habían declarado el estado de emergencia y un toque de queda nocturno en la capital, pero ambas medidas finalizaron el miércoles.

Varias bandas criminales armadas controlan extensas zonas de Puerto Príncipe y del resto del país, donde mantienen un pulso violento contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, cuya dimisión inmediata exigen.

El miércoles por la noche, esas pandillas incendiaron un nuevo cuartel de policía, demostrando una vez más que no piensan detener esta espiral de violencia.

El asalto ocurrió en Bas-Peu-de-Chose, un barrio de Puerto Príncipe atacado con frecuencia por las pandillas, indicó a la AFP Lionel Lazarre, coordinador general del sindicato de policías haitianos Synapoha.

Los agentes del puesto tuvieron tiempo de abandonar el edificio antes del ataque, precisó este oficial, quien aseguró que el asalto estaba planeado desde el pasado fin de semana.

Los grupos criminales también incendiaron un vehículo policial y varias motocicletas.

"Cerca de colapsar"

Con la inseguridad permanente, el sistema de salud haitiano está "cerca de colapsar", alertó este jueves la ONU en un comunicado.

"Muchas instalaciones sanitarias están cerradas o han tenido que reducir drásticamente sus operaciones debido a una preocupante escasez de medicamentos y a la ausencia de personal médico", indicó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).

Además de medicamentos, faltan equipos médicos, sangre y camas para tratar a los pacientes con heridas de bala, añade el organismo.

Un influyente líder pandillero, Jimmy "Barbecue" Chérizier, advirtió el martes que si el primer ministro Henry no dimitía, el país se dirigirá hacia "una guerra civil que conducirá al genocidio".

Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, debía dimitir en febrero; pero selló un acuerdo con la oposición hasta que haya nuevas elecciones.

El primer ministro está en Puerto Rico desde el martes, tras un intento fallido de regresar a Haití y de intentar aterrizar en la República Dominicana, que le negó la entrada a su avión.

Henry había viajado a Kenia para acordar el despliegue de una misión policial multinacional respaldada por la ONU. Pero no pudo volver a Puerto Príncipe por la inseguridad en torno al aeropuerto, atacado por las pandillas.

En un país sin presidente ni Parlamento activo y donde no se celebran elecciones desde 2016, la posición de Henry está en el aire.

Estados Unidos urgió el miércoles al dirigente a "acelerar la transición" hacia "elecciones libres y equitativas", si bien aclaró que no estaba pidiendo la renuncia inmediata del primer ministro.

Con las oficinas de la administración pública y las escuelas cerradas, muchos residentes intentan huir de la violencia con sus pocas pertenencias bajo el brazo, mientras que otros se aventuran a salir sólo para comprar lo esencial.

"Abandonado" 

La asociación Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití (RNDDH) ha denunciado la inacción del gobierno haitiano ante los disturbios.

"Hoy, los hechos son claros: las autoridades gubernamentales han dimitido", escribió en un informe fechado el miércoles.

"Las calles de la capital y de todo el departamento del Oeste están entregadas a bandidos armados. Y el pueblo haitiano ha sido abandonado a su suerte", añade la asociación, que lamenta la ausencia de policías en las calles.

El Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre el envío de una misión internacional de seguridad dirigida por Kenia, que prometió contribuir con 1.000 policías. Pero su despliegue se ha visto retrasado por el sistema judicial keniano y por una flagrante falta de financiación.