Guanajuato, Gto. “La UG criminaliza a sus estudiantes”, rezaba una cartulina que sacó el universitario Armando Herrera Navarrete, en el informe del rector del campus Guanajuato, al que asistió la rectora general de la Universidad de Guanajuato (UG), Claudia Susana Gómez López.

Armando Herrera es uno de los siete estudiantes que participaron, el año pasado, en la toma de la Rectoría para exigir un proceso transparente en la designación del nuevo rector y que la UG denunció penalmente por daños.

“Hoy estamos siendo criminalizados por quien nos debería proteger”, recriminó el joven en representación de los denunciados, en el marco del informe del rector del campus Guanajuato, Martín Picón Núñez, cuando terminó su intervención la rectora general.

La Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alto Impacto inició la carpeta de investigación 130424/2023 por daños al patrimonio artístico e histórico contra los universitarios Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada.

“Hemos sido denunciados para pisar la cárcel”, recriminó el manifestante. Al final del informe, la rectora no emitió una postura sobre la protesta y la denuncia contra sus estudiantes.

La Fiscalía de Delitos de Alto Impacto imputa a los estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, que se castiga hasta con siete años de cárcel.

El 15 de febrero el Poder Judicial del Estado de Guanajuato notificó a los imputados que se realizará una audiencia el 30 de abril.

El Ministerio Público acusa a los jóvenes de realizar pintas, salpicaduras con pintura, rayones, de colocar letreros, de dañar muros, lambrines, pisos, plafones, columnas, marcos de puertas, mobiliario y “una silla, esculturas y recuadros de pintura que datan del siglo XVII”.

El jueves pasado, ante el pleno del Congreso diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano presentaron varios puntos de acuerdo para exhortar a la rectora de al UG a que deje de criminalizar a sus estudiantes y retire la querella.

“La UG habla de que alberga un patrimonio de bienes artísticos, pero olvida que su mayor patrimonio son los estudiantes”, dijo en tribuna la diputada de Morena Irma Leticia González Sánchez.

El único pecado de los universitarios fue exigir transparencia en el proceso de designación del nuevo rector y rendición de cuentas de los recursos, consideró.

“Sin duda alguna se trata de una venganza y represalia política por las manifestaciones del proceso de la renovación de rectoría”, recriminó.

A través de un comunicado, la UG ha negado que existan represalias contra los siete estudiantes indiciados por el delito de daños al patrimonio artístico e histórico porque la institución tiene “el deber legal” de notificar los daños a las autoridades “con la finalidad de deslindar las responsabilidades”.

“Como institución pública formadora de estudiantes, la Universidad tiene el deber legal de hacer del conocimiento de las autoridades competentes dichos daños con la finalidad de deslindar las responsabilidades correspondientes”, señala un pronunciamiento emitido el 28 de febrero.