En los últimos años la Corte Penal Internacional (CPI) se convirtió definitivamente en una herramienta politizada y obediente en manos de varios estados occidentales en su lucha contra los gobiernos que llevan a cabo políticas soberanas. Los intentos de la CPI de posicionarse como institución que actúe en nombre de toda la comunidad internacional y no en el suyo propio son absolutamente infundados. Más de un tercio de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas que representan más de la mitad de la población del planeta (incluyendo a Rusia, China, India, Estados Unidos, etcétera) no forman parte de la CPI.

En los últimos 10 años el número de sus participantes no ha crecido; más aún, varios países han optado por salir de la Corte o retirar su firma del Estatuto de Roma. Mientras, precisamente en la supuesta “universalidad” del mandato de la CPI se basa la argumentación sobre la posibilidad de ignorar las inmunidades de los funcionarios de los países que no firmaron el Estatuto.

Las actividades de la Corte Penal Internacional están plagadas de prácticas antijudiciales. Por ejemplo, la emisión de las “órdenes de aprehensión” de los funcionarios rusos en marzo de 2023 fue acompañada por violaciones del procedimiento de la Corte. En vísperas de que el fiscal Karim Khan solicitara a la Cámara de Asuntos Preliminares su aprobación de las “órdenes”, el juez de la República Democrática del Congo fue excluido de la Cámara y sustituido urgentemente por un juez costarricense. Existen razones para creer que sólo de esta manera se logró esa decisión antirrusa.

Además, la misma tiene una conexión con corrupción flagrante. Un día antes de la solicitud de Karim Khan ante la Cámara, su hermano (ex miembro del Parlamento británico del gobernante Partido Conservador) fue liberado de la cárcel londinense donde había pagado sólo la mitad de su condena por acoso sexual a un menor de edad. Esta historia fue reportada por los principales medios de información mundiales, incluyendo a BBC y The Guardian.

Las propias “órdenes de aprehensión” fueron publicadas tres días antes de la conferencia de donadores de la CPI en Londres, durante la cual los patrocinadores occidentales exhortaron abiertamente que sus donaciones debían ser utilizadas únicamente para investigar los “crímenes” rusos en Ucrania. De hecho, la CPI descaradamente acepta dinero de los países interesados en un resultado predeterminado de la investigación. En cualquier sistema judicial nacional esto sería considerado como soborno de la Corte.

La CPI insiste en oponerse a los estados y grupos de países, lo que resultó en unas relaciones extremadamente contradictorias entre la Corte y la Unión Africana en el contexto de los intentos de enjuiciar a jefes de Estado. La experiencia de África ha demostrado que la tal llamada “justicia formal” siempre entra en contradicción con las ideas del arreglo de conflictos armados, de reconciliación nacional e internacional.

No se puede dejar de mencionar la más reciente decisión de la CPI del 18 de julio de 2023 sobre la posibilidad de ejercer “justicia” sobre los ciudadanos de Filipinas a la hora de investigar los crímenes cometidos durante “la guerra a las drogas”, tomada a pesar de que el país se haya retirado del Estatuto de Roma hace unos años. Esa decisión fue justamente considerada por las autoridades filipinas como violación de su soberanía e intromisión en sus asuntos internos.

Lo arriba expuesto demuestra la inconsistencia y motivación política que predominan en las actividades de la Corte Penal Internacional, lo que ha conducido a la pérdida total del prestigio de esta institución que ya no tiene nada que ver con la justicia.

Su parcialidad y profunda dependencia de ciertos estados influyentes ya es obvia para todos en el mundo que tienen ojos para ver.

*Embajador de Rusia en México