Ciudad de México. La realización de un censo de las unidades de producción porcícola en Yucatán, para conocer con más precisión la información de las descargas de aguas residuales y su volumen, la generación de gases contaminantes y de efecto invernadero, así como los planes de manejo de residuos y los ambientales con los que se cuente, son medidas que acordaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno de Yucatán, en un convenio publicado en el DOF.

La dependencia y sus organismos desconcentrados convinieron con el gobierno de Yucatán establecer acciones con el fin de conservar y restaurar el ecosistema ante los impactos de las granjas porcícolas en la entidad.

Indicaron que se coordinarán para la emisión de los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones y demás procedimientos administrativos que deberán realizar los centros de producción porcícola para el cumplimiento armonizado de la normatividad, conforme a las atribuciones y el ámbito de competencia de cada autoridad y esto aplica tanto para las granjas que ya están establecidas como aquellas que busquen establecerse.

También determinaron realizar visitas de inspección de manera independiente y conjunta para verificar la información que derive de los censos y para vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental y determinar los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales al medio ambiente, así como determinar los daños a los ecosistemas y el ambiente ocasionados por la actividad porcícola.

Acordaron establecer las medidas correctivas y las de urgente aplicación, reparación, mitigación, compensaciones correspondientes, a partir de los respectivos estudios o peritajes de daños ambientales.

La Conagua se encargará de realizar el monitoreo de la calidad del agua subterránea, seleccionando sitios estratégicos, considerando su ubicación con respecto a granjas porcícolas, con la finalidad de evaluar el impacto en la calidad del agua.

Asimismo realizará la inspección y vigilancia de las concesiones y descargas de los usuarios que sean consideradas con un alto potencial de contaminación, para verificar el cumplimiento de la normatividad o condiciones particulares de descarga establecidas, aunque “el número de visitas dependerá del personal y presupuesto anual autorizado”.