La Haya. La Corte Penal Internacional emitió este martes órdenes de arresto para dos oficiales rusos de alto rango, acusándolos de ataques a la infraestructura civil en Ucrania que según los jueces fueron “conformes a una política de Estado”.

Es apenas la segunda vez que la CPI anuncia públicamente la emisión de órdenes de arresto vinculadas con la guerra de Rusia en Ucrania. En marzo de 2023, el tribunal ordenó el arresto del presidente ruso Vladímir Putin por su responsabilidad personal en el secuestro de niños ucranianos, lo que constituye un crimen de guerra.

La corte ordenó el arresto del teniente general ruso Sergei Ivanovich Kobylash, comandante de la Aviación de Largo Alcance de la Fuerza Aeroespacial en la época en que se cometieron los presuntos crímenes, y el almirante Viktor Kinolayevich Sokolov, comandante de la Flota del Mar Negro.

Se los busca por el crimen de guerra de dirigir ataques a blancos civiles y causar daños incidentales excesivos a personas u objetos civiles, así como de cometer actos inhumanos, que es un crimen de lesa humanidad.

La corte informó que los jueces, tras revisar las pruebas presentadas por los fiscales, concluyeron que existen “fundamentos razonables para creer” que los dos militares son responsables de “ataques misilísticos realizados por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana” entre el 10 de octubre de 2022 y al menos el 9 de marzo de 2023.

“Durante este periodo de tiempo se produjo una presunta campaña de ataques a numerosas usinas y subestaciones eléctricas realizadas por las fuerzas armadas rusas en varios lugares de Ucrania”, afirmó la corte.

Las fuerzas rusas han atacado reiteradamente la infraestructura ucrania desde que iniciaron la invasión hace más de dos años.

La corte informó que la campaña “corresponde a una conducta reiterada que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil conforme a una política de Estado”.

Los jueces hallaron “motivos razonables para creer que los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y en cuanto a esas instalaciones que pudieran calificarse de objetivos militares en la época correspondiente, los daños y perjuicios incidentales previstos a los civiles hubieran sido evidentemente excesivos para la ventaja militar anticipada”.

Existen escasas perspectivas de que cualquiera de los sospechosos comparezca en juicio en La Haya. Rusia no es miembro de la CPI, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar a los sospechosos acusados por el tribunal.

La corte no reveló detalles de las órdenes de arresto, “para proteger a testigos y salvaguardar las investigaciones”.