Ayer arrancaron las campañas para elegir a la próxima o próximo titular del Ejecutivo federal. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, encabezó un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras la abanderada de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, optó por la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, para inaugurar sus actividades. Durante meses, las encuestas han permanecido prácticamente inmóviles con una incuestionable ventaja de la candidata progresista.
Se evidencia el contraste entre dos proyectos de nación. Por un lado, la propuesta de continuidad de la autodenominada Cuarta Transformación enarbola un proyecto nacionalista, de defensa de la soberanía, atención a las causas de la violencia y promoción del bienestar social. Por otro, la candidata de Fuerza y Corazón por México formula un retorno al pasado neoliberal vestido de populismo penal, pues desde el inicio de su campaña exalta la violencia de Estado que fue el sello del calderonato, último gobierno emanado de su partido. Propuestas como la de construir una megacárcel, a imitación del embate contra los derechos humanos que se vive en El Salvador, dejan claro que una victoria del conservadurismo representaría una involución trágica para la paz y la construcción de un país humanista.
Aunque la elección se dirime entre las candidatas, no puede soslayarse el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) como actor en la contienda. La autoridad electoral enfrenta una delicada prueba ante los primeros comicios federales que organiza desde la salida del ex consejero presidente Lorenzo Córdova y parte de su camarilla. Como resultado del periodo cordovista, el organismo autónomo adolece hoy de falta de credibilidad, eficiencia, imparcialidad, objetividad e independencia política. Los comicios presidenciales de 2006 y 2012, a cargo de su antecesor, el IFE, estuvieron marcados por el fraude, en el primer caso, y por una masiva compra de votos que puso en duda los resultados oficiales, en el segundo. En 2018, el desenlace fue indiscutible debido a la contundencia de la votación, pero el proceso no estuvo exento de malas prácticas como compra de votos, quema de materiales electorales, mapachismo, ataques armados y siete asesinatos, nada de lo cual fue considerado de suficiente gravedad por el organismo electoral. Lorenzo Córdova dejó en el INE un legado de parcialidad, derroche, desmesura e incluso censura contra quienes se expresaban de forma contraria a él. Cualquier margen para sostener su imagen de imparcialidad quedó borrado el 18 de febrero, cuando se presentó como orador único del mitin convocado por el magnate Claudio X. González en defensa de la oligarquía derrotada en las urnas hace seis años.
El INE está a prueba, y ganar credibilidad se le presenta como una tarea hercúlea. En primera instancia, debe atajar ya mismo las campañas sucias que por ahora han tomado dos formas: el intento de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum con el narcotráfico mediante un operativo de manipulación en redes sociales, y los videos generados por inteligencia artificial en donde se simula la voz e imagen de la candidata a fin de desprestigiarla. Queda claro que, ya sea con la ayuda de agencias de inteligencia foráneas o desde el anonimato de las redes sociales, se busca alterar las preferencias ciudadanas a favor de la derecha. El INE no puede dejar impunes estos casos en tanto representan distorsiones a la democracia y, muy probablemente, son financiados con recursos ilícitos. La ciudadanía va a elegir entre dos proyectos de nación, y el árbitro electoral ha de garantizar que la voluntad popular sea respetada de manera irrestricta.
