Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf publicaron un desmentido a la tarjeta informativa Alcance de la decisión de la segunda sala sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), distribuida el miércoles pasado por la presidenta del máximo tribunal del país, Norma Lucía Piña Hernández.

En su comunicado, las ministras exponen la mendacidad y la irregularidad del documento referido. Por principio, es falso que la declaración de inconstitucionalidad de la LIE haya impactado de manera decisiva en la controversia que tanto Estados Unidos como Canadá habían presentado, en el marco del T-MEC, contra México por la política del gobierno en el sector, y que de este modo librara al país de una condena económica de grandes dimensiones. El hecho es que desde octubre pasado se acordó con Washington dar por terminadas las diferencias en materia energética y que sólo resta cubrir una formalidad burocrática para hacer oficial el retiro de la consulta promovida.

Lo que es peor: el tema del posible conflicto con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ni siquiera se tocó durante la sesión en que una mayoría de los integrantes de la SCJN invadió las facultades legislativas, por lo que la tarjeta difundida por Piña Hernández constituye un relato ficticio con el que se busca justificar, de manera posterior a los hechos, una decisión arbitraria y claramente lesiva para la soberanía energética, el patrimonio público y el reordenamiento de la industria eléctrica nacional. Para colmo, la ministra presidenta ni siquiera consultó con sus colegas el contenido de la nota, lo cual supone un acto de autoritarismo que violenta el normal funcionamiento del máximo tribunal.

La respuesta de Batres, Esquivel y Ortiz exhibe a sus restantes colegas como gestores de intereses económicos foráneos, quienes ponen las utilidades de empresas depredadoras por encima de las necesidades del pueblo mexicano y dejan el país a merced de la reforma energética aprobada el sexenio pasado, una legislación tan obsecuente con los privados como ruinosa para México. De este modo, la Corte profundiza la acelerada erosión de su credibilidad que inició desde que Norma Piña la encabeza, pues los ciudadanos han constatado que la máxima instancia del Poder Judicial es un órgano faccioso, dedicado a boicotear la democracia al invalidar políticas respaldadas por el pueblo en las urnas y entregado al afán de defender a los capitales foráneos.

Las ministras disidentes emiten una sentencia lapidaria sobre este cúmulo de agravios al señalar que la subordinación de la interpretación constitucional a los intereses extranjeros no debería ser motivo de celebración. Ante la evidencia de que la Suprema Corte actúa de manera sistemática contra el país, ya no puede ponerse en duda el imperativo de sanear al Poder de la Unión que ha extraviado por completo el sentido de nación y se ha convertido en amenaza para la democracia y el bienestar.