León, Gto. La Universidad de Guanajuato (UG) negó que existan represalias contra los siete estudiantes indiciados por el delito de daños al patrimonio artístico e histórico, ya que es una conducta que se persigue por oficio y tenían “el deber legal” de notificar a las autoridades con la finalidad de deslindar las responsabilidades.

El encargado del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, José Antonio Gavia Freire, investiga a siete de al menos 100 universitarios que participaron en la toma de la rectoría, del 11 de septiembre al tres de octubre del 2023, por daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, delito que se castiga hasta con siete años de prisión.

La UG tiene el deber de preservar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural a su cargo, el cual es un valioso legado para las actuales y futuras generaciones, señaló la máxima casa de estudios en un comunicado.

Recordó que en septiembre y octubre del 2023, la rectoría y áreas administrativas fueron “retenidas” por estudiantes que tenían demandas que fueron plasmadas en un pliego petitorio.

“Como consecuencia de ello, las instalaciones referidas fueron entregadas a las instancias universitarias correspondientes bajo la exigencia del grupo de estudiantes de que nuestra Institución no tomara ningún de represalias en su contra, lo cual, afirmamos categóricamente, no ha ocurrido: la Universidad de Guanajuato no ha realizado ninguna acción encaminada a reprimir o inhibir el ejercicio de derecho alguno”, afirmó.

La máxima casa de estudios recordó que detectó daños al inmueble y muebles “con importante valor institucional y social”.

“Ante tal situación, como institución pública formadora de estudiantes, la Universidad tiene el deber legal de hacer del conocimiento de las autoridades competentes dichos daños con la finalidad de deslindar las responsabilidades correspondientes”, sostuvo.

Como los presuntos delitos cometidos se persiguen de manera oficiosa “se iniciaron diversas carpetas de averiguación que actualmente se encuentran en conformación y sobre las cuales, en apego a los principios del debido proceso, no es posible brindar más información”, resaltó la universidad.

Adelantó que estará al tanto del desahogo de los procesos judiciales para garantizar que se desarrollen en irrestricto respeto a los derechos humanos y en un marco de la legalidad.

“Por este conducto reafirmamos nuestro compromiso de realizar el seguimiento puntual de las demandas planteadas por la comunidad estudiantil e igualmente expresamos de manera categórica que estas acciones de ninguna manera están motivadas por un ánimo represivo, sino por el cumplimiento de un deber legal de la Institución que no debe soslayarse en consideración a la misión universitaria de contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y democrática”, argumentó.

El Poder Judicial notificó a Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada, que el 30 de abril hay una audiencia por la imputación que realiza la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto.

“Es claro que estamos ante una persecución política por parte de la Universidad de Guanajuato, por parte de las otras instituciones que se dicen autónomas -FGE y Poder Judicial-, la denuncia en nuestra contra, surge en un contexto de un movimiento estudiantil”, acusó el universitario Rodrigo Rivera, uno de los indiciados.

Los estudiantes tomaron la Rectoría para exigir un proceso transparente en la designación del nuevo rector. La Junta Directiva de la UG designó como nueva rectora a Claudia Susana Gómez López.

Los alumnos indiciados recordaron que la rectora firmó un pliego petitorio donde se comprometió a que no habría represalias.

El 15 de febrero, el Poder Judicial notificó a los estudiantes que la Fiscalía los señala por arrojar pintura a una persona “marcando con ello el piso del señalado patio, de dañar muros, lambrines, pisos, plafones, columnas, marcos de puertas, mobiliario y “una silla, esculturas y recuadros de pintura que datan del siglo XVII”.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto “tiene a su cargo la investigación de las conductas delictivas que por su naturaleza, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”, señala la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El delito de daños no es de alto impacto como si lo son el homicidio, el feminicidio, la extorsión y el secuestro, entre otros.