La semana pasada concluyeron dos días de audiencias en el Tribunal Superior de Justicia de Londres en las que Julian Assange apeló contra su extradición a EU que, de darse, lo llevaría a enfrentar una condena de hasta 175 años de prisión. Dos jueces aplazaron el fallo al argumentar que requieren más tiempo para decidir sobre ésta, la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para frenar el embate legal que en su contra emprende el gobierno estadunidense, que asume el papel de policía del mundo y se ostenta como paladín de las libertades, pero que fue exhibido por Assange como intervencionista y criminal.
En 2006 Assange fundó WikiLeaks, organización sin fines de lucro cuyo nombre juega con los significados de Wikipedia y filtración, lo que se traduce en “filtraciones rápidas”. Y así de rápido, publicó en 2007 el manual de la Armada de Estados Unidos para soldados que se ocupan de los prisioneros en la Base de Guantánamo. Tres años después difundió un video titulado Asesinato colateral, en que se observa a soldados estadunidenses acribillar desde un helicóptero a civiles y periodistas.
Dos meses después WikiLeaks publicó 92 mil documentos secretos sobre la guerra en Afganistán, la mayor filtración de documentos clasificados sufrida por Washington desde los Papeles del Pentágono, cuando Daniel Ellsberg, analista de inteligencia, pasó al New York Times y al Washington Post 7 mil páginas de documentos secretos sobre decisiones que tomó Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, y exhibió lo que los presidentes de EU que gobernaron durante aquel conflicto callaron sobre la guerra: era imposible ganarla y aun así continuaron la farsa engañando no sólo al pueblo estadunidense y a la comunidad internacional sobre un conflicto armado que causó millones de muertes, sino también al Congreso.
Gracias a Assange son 400 mil los documentos que conocemos sobre la cantidad de civiles iraquíes asesinados. Sin las filtraciones de Assange habría sido imposible conocer los abusos en Guantánamo y en Abu Ghraib y con ellos las violaciones a los derechos humanos ejercidas por las fuerzas armadas estadounidenses, lo que se confirmó gracias a la publicación, también por WikiLeaks, de los correos electrónicos de la cuenta privada de quien en 2015 fue director de la CIA, John Brennan, que revelan atrocidades durante los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
Además de las filtraciones sobre crímenes de guerra, Assange destapó cloacas de podredumbre y corrupción política en EU. Ejemplo es aquella por la que Debbie Wasserman, quien presidía el Comité Nacional Demócrata, tuvo que renunciar a su cargo debido a que se publicaron mensajes de voz que aclaran cómo donantes buscaron favores de funcionarios e influyeron en el comité para ayudar a Clinton a lograr la nominación cuando Bernie Sanders aún estaba en la contienda.
México no es excepción de datos sensibles divulgados por Assange. Gracias a él sabemos que en 2007, durante una visita a México del entonces Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff, Genaro García Luna pidió al funcionario estadunidense acordar protocolos para intercambiar información de “alta calidad”, muestra de cómo el encargado de la seguridad durante el sexenio de Calderón informó sobre operaciones de inteligencia a Washington y con ello violó la soberanía nacional.
Pese a que la primera enmienda de la Constitución de EU protege los derechos a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno, a Assange se le acusa bajo los mismos parámetros con los que se incrimina a alguien señalado de terrorismo cuando el ejercicio por el cual está detenido no es de criminalidad, sino de periodismo. Dio a conocer actos criminales que no se justifican ni siquiera por cuestiones de seguridad nacional. No existe ese estado de derecho que EU presume procurar dentro y fuera de su territorio mientras utiliza el eufemismo de ayuda humanitaria para referirse a invasiones.
Assange reveló documentos que son evidencia de crímenes de lesa humanidad, corrupción, injerencismo y varios delitos más cometidos por gobiernos y altos funcionarios. Su proceso judicial es un intento por callar la verdad para que los crímenes que se cometen desde la falsa bandera de la paz y democracia puedan seguir ejerciéndose impunemente. Su extradición es injusticia que responde a un asunto de Estado al haberse revelado crímenes de Estado que, a pesar de ser públicos, seguirán impunes.
