Ciudad de México. Al dar a conocer detalles sobre las reformas en materia de austeridad, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que en la actualidad hay 2 mil 560 funcionarios públicos federales con un gasto cercano a los 2 mil 364 millones de pesos, cuyas percepciones superan el salario del Presidente de la República y, por tanto, violan las restricciones constitucionales que establecen que nadie puede ganar más que el Jefe del Ejecutivo Federal.
Durante la conferencia presidencial, se informó que de estos funcionarios, 2 mil 367 pertenecen al Poder Judicial en tanto que 182 están adscritos a los diversos organismos autónomos. Se sabe que además, en los gobiernos estatales hay otra importante cantidad de servidores que tienen percepciones superiores al del Presidente. Por ello, la iniciativa de reforma constitucional pretende ahora establecer un tope medido en Unidades de Medida Administrativa, por lo que ahora se dispondrá que ninguno puede ganar más de 73 UMAS.
Con ello, se pretende cancelar los cuestionamientos sobre los montos exactos que se tienen que fijar los salarios, que han sido pretextos para el incumplimiento de la ley.
Como parte de la reforma, también el gobierno federal plantea que desaparezcan siete organismos autónomos que, en la visión gubernamental, duplican funciones con algunas secretarías de Estado. Indicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tienen un presupuesto anual de mil 97, cuyas funciones, dijo Alcalde las absorbería la Secretaría de la Función Pública, aunque no dijo nada de qué pasaría con la protección de datos personales. Asimismo, dijo que su desaparición se realizaría con respeto a los derechos de los trabajadores.
Otro caso, es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene un presupuesto de mil 690 millones de pesos cuyas tareas podría absorberlas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Otros organismos que se plantea su desaparición son la Comisión Federal de Competencia Económica, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Mejoredu.
