Los próximos tres meses habrá, sin duda, hegemonía, ya formal, del discurso político-electoral en los espacios digitales e impresos. Las etapas previas, llamadas prelectorales, han sido similares, con excepciones que guardan intencionalidad política, como fue en el caso del 30 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el cual se volcaron medios, redes y columnistas a recrear escenarios críticos y de descalificación, todos con un mismo patrón.
Marcado contraste y respuesta con fuerza simbólica fue la celebración organizada por el EZLN, que congregó a numerosos activistas de 20 países junto al Congreso Nacional Indígena (CNI) y amplio número de organizaciones de vastas regiones del país que, como han hecho desde 1994, se hicieron presentes en el caracol Dolores Hidalgo (creado hace tres años con tierras recuperadas) en el referido aniversario, en el cual se reafirmó la continuidad del proyecto en medio de la tormenta, como han señalado los zapatistas.
Tras el importante momento del 31 de diciembre pasado, regresó el vacío mediático y los detractores callaron. Pero no son los únicos destinatarios del silencio oficial y mediático, también le acompañan las víctimas de la violencia, tanto la desaparición forzada como el desplazamiento forzado y los crímenes impunes, los opositores a megaproyectos, entre otros procesos políticos y sociales que no encuentran reflejo en la agenda política-electoral dominante, sin excepción partidista.
Acompañada del negacionismo y o reduccionismo oficial sobre el grave impacto de esas realidades. En esas canchas no tienen espacio. Abordemos el ejemplo de las 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, que presentó el Presidente de la República el 5 de febrero a la Cámara de Diputados.
Hay consenso en torno a su impacto en tiempos electorales y a que parece un escenario tardío en el filo del sexenio, cuando no se cuenta con la mayoría calificada para las de carácter constitucional y, sin embargo, los temas que se abordan ya forman parte, algunos, del debate dentro de la clase política movilizada en tiempos electorales.
Es el caso de los focos rojos relativos al Poder Judicial, a las pensiones, los que se refieren al Instituto Nacional Electoral o la auténtica y extraña bomba de desaparecer los espacios plurinominales que en estos días han sido el escenario propicio para el mercadeo de asignaciones arbitrarias en todos los partidos, llegando al extremo en un caso destacado al uso de la tómbola.
Todo como augurio de consenso al rechazo a la propuesta de su desaparición. Hay otros como los relativos a otorgar carácter constitucional a programas del llamado bienestar que desde los partidos se plantean aprobar, pues son mensajes directos en favor de las clientelas difusas que pretenden disputar al partido gobernante.
Y en ese escenario llama la atención que forma parte de tal paquete multitudinario de iniciativas una relativa a pueblos indígenas, que ya analicé en sus claroscuros el 13/2/24, recordando además otra de 2001, con ocasión del dictamen del Senado que condujo a la contrarreforma indígena violatoria de los acuerdos de San Andrés (La Jornada, 26/4/2001).
Me pregunté si el mercadeo político conduciría a su aprobación y reitero esa duda, pero ofrezco recuento. Primero, la sorpresa ante la postura muy favorable y hasta grandilocuente, a favor de la aprobación por quienes con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) como su promotor mediante foros indígenas entre 2019 y 2021 concluyeron en una propuesta amplia de reforma constitucional, la cual no se refleja en la presidencial del 5 de febrero.
Como señalé, salvo la de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público en lugar del interés público que le asignaron en 2001, hoy tenemos que en voz del titular de INPI se realiza una “adaptación” ciertamente discursiva que coloca elementos de la iniciativa como impactos a la libre determinación a partir de los potenciales sujetos de derecho público.
No podemos imaginar al EZLN y al Congreso Nacional Indígena reivindicando y defendiendo el dictamen de 2001 que violentó en el artículo 2 constitucional los acuerdos de San Andrés. Pero ya sabemos que acá es otro el horizonte político.
Dentro de las ponderaciones del INPI a la iniciativa de la 4 T está el derecho a la consulta y colocan al consentimiento como de pasada, amparados en la expresión que señaló la OIT de que la consulta bien realizada debería tener como finalidad lograr un acuerdo.
El escenario legislativo es celebrar los próximos días un número de foros sobre todas las iniciativas. Ahí va la indígena, nada se dice desde el INPI e indígenas agrupados, al parecer también otorgarán “el consentimiento” a la violación del derecho a la consulta previa libre e informada dirigida a los sujetos del mismo. Sigue la simulación.
