Conocí los problemas del agua en el norte de México, especialmente en Coahuila, hace 55 años. Comenzaba a estudiar los temas agrarios con mentores como Rodolfo Stavenhaguen, Sergio Reyes y Salomón Eckestein. Bajo su dirección, un grupo de investigadores evaluamos por un año el desenvolvimiento de los ejidos colectivos creados en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas en los latifundios que allí existían. La Laguna era un emporio algodonero que se extendía por nueve municipios de Coahuila y Durango. Tres eran las ciudades claves, hoy conurbadas: Torreón, Lerdo y Gómez Palacio.
Allí supimos del uso irracional del agua en los distritos de riego; de la sobrexplotación de los acuíferos que, al no recibir la recarga adecuada, llevaba a extraer el líquido a profundidad cada vez mayor y contaminada con arsénico, algo que bien conocen las autoridades desde esos años y prometen solucionar, sin éxito.
Conocimos Cuatro Ciénegas, reservorio de la vida más antigua del planeta, en peligro de desaparecer por sobrexplotación de su agua por grandes intereses económicos gracias a la complicidad oficial. Científicos y ambientalistas, encabezados por Valeria Souza, defienden desde hace décadas ese lugar único cada vez más afectado.
Visitamos la semidesértica región sureste. No tiene ríos y las lluvias apenas aportan 300 milímetros al año. Es el segundo índice más bajo del país, pues las sierras Madre Oriental y Occidental impiden o dificultan el paso de nubes procedentes del golfo de México y del Pacífico.
Un resumen ejecutivo de un colectivo de ejidatarios de la región, encabezados por Juan Gamboa Maldonado, muestra que la escasez de agua se agravó desde 1990 por la proliferación de perforaciones realizadas por empresarios privados que aprovecharon la legislación, aún vigente, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas. Gracias a esa obsoleta y discriminatoria ley se facilitó más la corrupción, desorden y opacidad de las autoridades que concesionaron derechos de extracción a gran profundidad. Los beneficiados: exportadoras de hortalizas y frutillas, productoras de pastura para Industrias Lala; vitivinícolas, “desarrollos” inmobiliarios y parques industriales, como el automotriz de Derramadero. Esa ley, en cambio, dejó de facto sin efecto las dotaciones de líquido que recibieron los campesinos con el reparto agrario.
Según un reporte oficial de 2018, los acuíferos de Ramos Arizpe, Arteaga, Saltillo, Valle de Derramadero, General Cepeda y Parras están sobrexplotados por intereses privados. En Derramadero se prevé construir 40 mil casas para trabajadores del sector automotriz, aunque no hay agua disponible.
Gracias a un censo oficial de concesionarios en la región, los ejidatarios despojados saben los nombres de los empresarios acaparadores. Sobresalen los Arizpe, Mendel, Rivero, Guajardo, Milmo, Abedrop y Madero; y políticos como Jesús M. Ramón, Salinas Aguilera (familiares del gobernador Manolo Jiménez), Martínez y Martínez, y López Villarreal, herederos del Grupo Industrial Saltillo. Incluso hay concesiones bajo nombres supuestos, pozos clandestinos o sin medidor. En resumen, la agricultura comercial privada controla 94 por ciento del líquido concesionado, mientras ejidos y comunidades sólo disponen del restante 6 por ciento.
El agua de Saltillo se privatizó en 2001 a Aguas de Saltillo (Agsal). En 2015, con dinero público, Agsal asignó un estudio geohidrológico para actualizar la disponibilidad a la empresa Sanxs, dedicada a vender e instalar lavabos, mingitorios, inodoros y calentadores de agua. La dirige la bióloga Laura Delia Esparza. Gracias a ese “estudio”, la recarga anual del acuífero pasó de 13.1 hectómetros a 70.9, y la disponibilidad de cero a 42.495861 hectómetros anuales. ¡Milagro!
Coahuila, feudo priísta por más de 70 años, es un excelente ejemplo de cómo un bien público no beneficia a la población. Por componendas del poder empresarial y político el lema no es, como en este sexenio, “primero los pobres”. Éstos ocupan la escala inferior en dotación de líquido, pese al mandato constitucional en la materia.
