A pesar de llamados de organizaciones de todo el mundo para ayudar a defender la democracia en El Salvador, gobiernos como el de México se han hecho de la vista gorda. No obstante que se ha violado la Constitución de ese país, que como la mexicana no permite la relección presidencial, y de una jornada electoral llena de irregularidades, México se apresuró a felicitar a Nayib Bukele cuando se autoproclamó –a las 7 pm del 4 de febrero– ganador, antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara su triunfo. A las 7.41 pm, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, escribió en X: “Felicito a El Salvador por la exitosa y pacífica jornada electoral y al presidente @nayibbukele por su victoria. [México] se mantiene comprometido en empeñar esfuerzo y voluntad por un futuro regional próspero y fortalecer aún más nuestros lazos y cooperación internacional”.
En contraste, AMLO se había negado a felicitar a Joe Biden cuando fue declarado presidente el 7 de noviembre de 2022, hasta que “se resolvieran todos los asuntos legales” y, para “no actuar a la ligera”, le felicitó hasta el 15 de diciembre ¡más de un me después!, cuando el Colegio Electoral determinó formalmente que Biden había triunfado.
La percepción de que Bukele ganó las elecciones con gran mayoría (82 por ciento) es falsa, comenta Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (acafremin.org); lo cierto es que 56 por ciento de salvadoreños no votaron por él; hubo un abstencionismo de 47.4 por ciento (y una minoría votó por otros partidos) (http://tinyurl.com/mtx63r28). Las irregularidades más graves se dieron en las elecciones legislativas que partidos opositores (FMLN, Arena, Vamos) piden que sean anuladas. Cuando Bukele anunció su triunfo el conteo no había terminado y el sistema digital de votos había colapsado (http://tinyurl. com/ua7bz78f). Recientemente, cuatro de los cinco magistrados, alineados a Bukele, declararon improcedentes las peticiones para anular las elecciones legislativas y un escrutinio final (http://tinyurl.com/mc49tsc5).
¿Por qué gobiernos de México y otros han hecho caso omiso a organizaciones de derechos humanos acerca de lo que pasa en El Salvador? Una vocera de Amnistía Internacional denunció que los “comicios [estuvieron] marcados por un extenso despliegue militar, 22 meses consecutivos de suspensión de derechos civiles en El Salvador, y serios señalamientos de sectores de la sociedad sobre la independencia y el cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo Electoral” y llama “a la comunidad internacional dado que la crisis de los derechos humanos se podría profundizar en el segundo mandato de Bukele” (http://tinyurl. com/4cmxv2n7). La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ha documentado las medidas con que Bukele ha quebrantado el orden de la ley y los valores democráticos desde que tomó el poder en 2019 (http://tinyurl.com/2mytr6n7).
Importantes medios internacionales han denunciado abusos bajo el estado de excepción de Bukele. Un encabezado del LA Times dice que “el Presidente Bukele ha encarcelado a 1 por ciento de su población. Su infancia está pagando el precio” y cita a una señora, que expresa el clamor general, de que se deben liberar a miles de personas inocentes (http://tinyurl.com/p6wrauj9), que se encuentran entre los más de 76 mil encarcelados bajo este régimen. Medios como la National Public Radio de EU, la agencia Ap, Radio Francia Internacional, BBC News, el Wall Street Journal, hacen eco de las denuncias de que miles de inocentes, incluyendo menores de edad, han sido arrasados por la marea de detenciones arbitrarias.
EU también hace la vista gorda. En Newsweek, Robin Broad (becaria Guggenheim) y John Cavanagh (del IPS) escriben que ante los retrocesos democráticos, “nos quedamos perplejos hace unos meses cuando la administración Biden dejó de emitir reprobaciones públicas, dando señales de acoger a Bukele, donando helicópteros militares y organizando una conferencia de prensa en Washington DC entre el Secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, y su par de El Salvador. Biden también parece estar suavizando sus fundamentadas objeciones a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que apuntalaría económicamente su régimen, proporcionando fondos que pueden alimentar una mayor corrupción” (http://tinyurl.com/msjpap3c). Ante ello, como había reportado (“Guatemala y El Salvador, contrastante apoyo internacional”, La Jornada, 18/12/23) ocho organizaciones (entre ellas el IPS) han solicitado a la secretaria del Tesoro de EU que pida a su representante en el FMI condicionar la aprobación de un préstamo al cumplimiento de derechos humanos, transparencia y la lucha contra la corrupción (http://tinyurl.com/7f2svutf).
Organizaciones reiteran la preocupación de que Bukele reabra el país a la destructiva minería metálica y revierta la Ley de Prohibición de la Minería de 2017, producto de una fenomenal lucha de comunidades locales, a escala nacional y la solidaridad internacional (“Estado de decepción”: http:// tinyurl.com/3zdw5acu). Las mineras acechan al país. “Pensábamos que habíamos destruido este mal, pero el fantasma de la minería vuelve a perseguirnos”, dijo a The Guardian, Vidalina Morales, prominente líder del movimiento de defensa del agua del departamento de Cabañas (http://tinyurl. com/5n6v5hfw). Al respecto, 245 organizaciones salvadoreñas y el mundo exigen retirar cargos contra cinco defensores del agua de esa localidad, detenidos desde hace más de un año (http://tinyurl.com/2j3xfc2c).
Ante el autoritarismo de Bukele, México debe aplicar su visión de política exterior “humanista”, liderando que se respeten los Acuerdos de Paz en ese país, firmados en 1992 en Chapultepec, y de los que el presidente AMLO ha dicho al mismo Bukele que “son un orgullo para los mexicanos”.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org
