Bogotá. Los problemas jurídicos que enfrentan los ex guerrilleros de las FARC firmantes de los acuerdos de 2016 no sólo tienen el peligro la paz de Colombia, sino que están generando un aumento de ex combatientes que regresan a las armas, advirtieron los máximo jefes de la extinta guerrilla, hoy convertida en el partido político Comunes.

En una extensa entrevista a la revista Semana, de línea editorial ultra derechista, los seis integrantes de lo que en las épocas de la guerra se conocía como el “secretariado”, lamentaron que el instrumento de justicia transicional pactado con el gobierno de Juan Manuel Santos “esté perdiendo su naturaleza y el espíritu con el que fue creado”.

Conocida como JEP (justicia especial de paz), esta herramienta -según los dirigentes de Comunes- sigue abriendo macrocasos, al tiempo que cita a mandos medios y ex guerrilleros de base a comparecer sin tener en cuenta que ya los jefes reconocieron, en audiencias públicas de amplia difusión, ser los máximos responsables de crímenes de guerra a lo largo de la guerra de más de seis décadas que sostuvieron contra el Estado colombiano.

“En la historia de la humanidad no se conoce ninguna guerra en la que no se hayan cometido atrocidades, más en una confrontación de casi 60 años como la nuestra, pero ahora resulta que, según la JEP, los únicos que tienen que responder ante la sociedad somos nosotros. ¿Y quién responde por la contraparte, dónde está la reciprocidad?”, preguntó Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC y en la actualidad jefe del partido Comunes.

Lo ex guerrilleros explicaron que ellos participaron en unas negociaciones de cinco años cuyo final fue la firma de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Santos, a nombre del Estado colombiano : “distinto sería si nos hubiéramos rendido”, dijo Carlos Antonio Lozada, senador por Comunes y uno de los seis jefes del partido surgido tras el pacto de 2016.