Guanajuato, Gto. La Universidad de Guanajuato (UG) se deslindó de la imputación que realiza la Fiscalía Especializa en Investigación de Delitos de Alto Impacto contra siete estudiantes por el delito de daños a inmuebles con valor histórico y artístico al señalar que “hay asuntos que trascienden del ámbito de la competencia de las autoridades universitarias”.

“Por respeto al debido proceso no podemos brindar ninguna información para no entorpecer la investigación que lleva la Fiscalía del Estado. Las partes que deben ser enteradas ya fueron notificadas por la autoridad judicial”, señala la máxima casa de estudios.

La Universidad de Guanajuato aseguró que respeta los procedimientos y a las instituciones en un marco de derechos humanos.

Del 11 de septiembre al tres de octubre del 2023, unos 100 universitarios tomaron las oficinas de la Rectoría para exigir transparencia en el proceso de designación del nuevo rector.

Las instalaciones fueron liberadas después de que la nueva rectora, Claudia Susana Gómez López, firmó un acuerdo donde se comprometió a no retirar las pintas como un “memorial” de las demandas y denuncias estudiantiles. En el documento se acordó que no habría represalias de ningún tipo contra los universitarios.

El 15 de febrero del 2024, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato notificó solo a siete universitarios que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, José Antonio Gavia Freire, solicitó “se señale fecha y hora, a efecto de que tenga verificativa audiencia inicial, derivado de la carpeta de investigación 130424/2023”. La audiencia será el 30 de abril a las 10:15 horas.

La Fiscalía en Delitos de Alto Impacto acusa a los alumnos de la UG de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, tipificado “en el artículo 210 primer párrafo, en relación con el 211, 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto del Código Penal”.

El artículo 210 del Código Penal establece que “a quien cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de diez a cincuenta días multa”. El artículo 211 marca que la pena aumenta a siete años cuando los daños sean a museos, archivos o edificios públicos o a bienes que tengan valor artístico o histórico.

De acuerdo a la acusación del ministerio público, José Antonio Gavia, los universitarios incurrieron en el supuesto del primer párrafo del artículo 20 que refiere que es autor de un delito quien “es partícipe quien sea instigador o cómplice”.

Cabe destacar que el delito de daños se persigue por querella, pero cuando encuadra en el artículo 211 se persigue de oficio.

La Universidad de Guanajuato no precisó si puso la querella contra sus estudiantes Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada, pero en su postura deja entrever que la Fiscalía tomó el caso por oficio al señalar que “hay asuntos que trascienden del ámbito de la competencia de las autoridades universitarias”.

La Fiscalía acusa a los estudiantes de arrojar pintura a una persona “marcando con ello el piso del señalado patio” y después se “apoderaron” de la Rectoría donde “realizaron pintas, salpicaduras, con pintura y rayones, así como la colocación de letreros”.

La acusación también incluye el dañar muros, lambrines, pisos, plafones, columnas, marcos de puertas, mobiliario y “una silla, esculturas y recuadros de pintura que datan del siglo XVII”.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto “tiene a su cargo la investigación de las conductas delictivas que por su naturaleza, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”, señala la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los delitos de alto impacto son los homicidios, feminicidios, extorsión, lesiones dolosas, robo a bancos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de vehículo, robo de ganado, secuestro y violación.

“Es claro que estamos ante una persecución política por parte de la Universidad de Guanajuato, por parte de las otras instituciones que se dicen autónomas -FGE y Poder Judicial-, la denuncia en nuestra contra, surge en un contexto de un movimiento estudiantil”, acusó Rodrigo Rivera, uno de los siete estudiantes investigados.