Guanajuato, Gto. La Universidad de Guanajuato (UG) demandó penalmente, por daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, a siete estudiantes que en septiembre de 2023 participaron en la toma de las oficinas de la Rectoría para exigir transparencia en el proceso de designación del rector.

La casa de estudios, en complicidad con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial criminaliza, violenta y amenaza a una parte de los alumnos que se apostaron 22 días en la rectoría, reprocharon Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada, cuatro de los siete universitarios denunciados.

Nos sentimos sumamente violentados, amenazados; tenemos miedo de lo que nos pueda pasar, no sólo a nosotros, sino a nuestras familias. Nos sentimos hostigados y vigilados en la UG. ¡Están criminalizando a sus propios estudiantes!, manifestó Rodrigo Rivera, quien cursa el octavo semestre de la carrera de ciencias políticas.

Añadió que para ellos es muy difícil la situación que atraviesan, porque no confían en las instituciones. Recalcó que hacen responsables a la universidad y a las autoridades estatales de su integridad física.

El 15 de febrero, el Poder Judicial del estado envió a los domicilios de los jóvenes el citatorio donde les informó que José Antonio Gavia, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, pidió que se señale fecha y hora, a efecto de que tenga verificativo audiencia inicial, derivado de la carpeta de investigación 130424/2023, contra Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz, Rodrigo Rivera, Desiree Vázquez y Frida Trejo.

El delito que se les atribuye a los estudiantes de derecho, ciencias políticas y administración pública está tipificado en el artículo 210 primer párrafo, en relación con el 211, 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto del Código Penal en agravio de la UG, señala el citatorio.

El documento precisa que de acuerdo con la fiscalía, el 11 de septiembre de 2023 los siete estudiantes, y un grupo de entre 40 y 60 personas llegaron al patio de la división de derecho político, clasificado como sitio emblemático, donde realizaron una manifestación y emitieron consignas con un megáfono.

Después, detalla, arrojaron pintura a una persona marcando con ello el piso y después se apoderaron de la rectoría donde hicieron pintas, salpicaduras con pintura y rayones, así como la colocación de letreros.

En el escrito se agrega que fueron dañados muros, lambrines, pisos, plafones, columnas, marcos de puertas y mobiliario, entre éste una silla, esculturas y recuadros de pinturas que datan del siglo XVII.

Los universitarios recordaron que luego de que Luis Felipe Guerrero Agripino terminó su segundo periodo al frente de la institución y la Junta Directiva nombró nueva rectora a Claudia Susana Gómez López, un centenar de muchachos iniciaron el movimiento contra el proceso de designación, pues consideraron que éste no fue transparente, democrático ni abierto.

Después de varios días y un diálogo con la rectora, dijeron, se firmó un documento entre las partes donde se acordó, entre otras cosas, que ellos dejarían las pintas de sus demandas en los murales y la UG se comprometía a que no habría represalias jurídicas, académicas, económicas, administrativas, ni políticas; no obstante, se inició el citado proceso penal, el cual consideraron que es un mensaje de escarmiento para la comunidad universitaria.