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Apuntes Postsoviéticos

24 de febrero de 2024 08:57

Dos años después de que el presidente Vladimir Putin ordenó invadir Ucrania, vecino país eslavo habitado por un pueblo que compartía con el ruso un origen común y siglos de convivencia pacífica, sellados por profundos lazos históricos, siguen sin cumplirse los objetivos militares del Kremlin, mientras se observa un estancamiento a lo largo de los mil 200 kilómetros de la línea del frente, convirtiéndose el conflicto armado en una guerra de desgaste en la que ninguno de los contendientes, por ahora, está en condiciones de alterar el equilibrio de fuerzas.

Pero si algo ha cambiado al cabo de estos 730 días de muertes innecesarias por ambos lados y sufrimiento de la población civil y devastación, principalmente en Ucrania y en las zonas rusas colindantes con la frontera, es la política interna en Rusia.

Es, en ese sentido, otro país donde nadie puede expresar libremente lo que piensa, a riesgo de perder el trabajo, en el mejor de los casos, o de acabar en prisión, en el peor, sin hablar ya de que las voces más destacadas de quienes piensan diferente (el ejemplo más reciente: Aleksei Navalny, fallecido en un centro de reclusión del polo ártico el viernes de la semana pasada y cuyo cuerpo aún no ha sido entregado a su madre) sufren muertes prematuras.

La élite gobernante, mediante una represión selectiva que supera los excesos de la persecución de disidentes soviéticos en la época de Leonid Brézhnev, descabezó la oposición política, cuyos líderes están muertos (Navalny), encarcelados (Ilia Yashin, Vladimir Kara-Murza) o en el exilio (la mayoría). El resto de los inconformes sólo expresa su opinión dentro de su casa, por temor a las represalias.

En ese contexto, a mediados del mes siguiente, del 15 al 17 de marzo y en comicios sin rivales en las urnas, sólo candidatos de relleno que nunca faltan, el titular del Kremlin, que lleva 24 años en el poder, se dispone a ser relegido para un quinto mandato presidencial hasta 2030, con posibilidad de repetir hasta 2036.

Como era de suponer, el último aspirante que, con las limitaciones que impone la censura, se pronunció en favor de la paz, Boris Nadezhdin, que recabó 200 mil firmas de apoyo para su registro, quedó vetado por las autoridades electorales con el pretexto de superar el número de firmas consideradas irregulares.

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