Autoridades de Estados Unidos investigaron denuncias durante varios años sobre posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles del narcotráfico y asesores y funcionarios mexicanos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, y no hallaron conexiones directas entre el Presidente (de México) en sí y organizaciones delictivas, informó ayer el diario The New York Times.

El Times, en un amplio reportaje, indicó que buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadunidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores obtuvieron los datos mientras seguían las actividades de los cárteles del narcotráfico y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente.

Los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff señalaron en su nota que nunca (se) abrió una investigación formal y el caso se archivó. Citaron tres fuentes bajo condición de anonimato.

Refirieron que un informante relató a los investigadores estadunidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los altos líderes del cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones de 2018.

Otra fuente dijo que “luego de que el Presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión”.

“Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del Presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos”, precisó el diario.

Dos fuentes indicaron que los agentes de la ley estadunidenses también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador.

Al menos uno de esos pagos “se efectuó más o menos al mismo tiempo que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020 y se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, quien ahora cumple con una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal estadunidense”.

El Times señaló que la decisión de dar carpetazo a la indagatoria reciente, según las personas familiarizadas con ella, fue en gran medida causada por el desmoronamiento de otro caso distinto y muy contencioso. En los últimos meses del gobierno del (ex presidente) Donald Trump, en 2020, autoridades de Estados Unidos presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fungió de 2012 a 2018 como secretario de la Defensa Nacional de México.

El rotativo agregó que “en una acusación federal, hecha pública en Nueva York luego de una investigación de varios años denominada Operación Padrino, los fiscales señalaron a Cienfuegos de emplear la influencia de su oficina para brindar ayuda a un violento grupo delictivo llamado el cártel H-2 en la realización de operaciones de narcotráfico”.

No es la primera vez que medios de comunicación internacionales mencionan, sin pruebas, vínculos entre el círculo cercano de López Obrador con el crimen organizado.

A finales de enero pasado, Tim Golden, dos veces ganador del premio de periodismo Pulitzer, publicó una investigación en el medio ProPublica en la que afirmó que el cártel de Sinaloa entregó 2 millones de dólares a la primera de las tres campañas presidenciales de López Obrador, en 2006. Según el trabajo, los delincuentes buscaban que un eventual gobierno obradorista facilitara sus operaciones.

Una investigación similar fue publicada también por la periodista mexicana Anabel Hernández en la cadena alemana Deutsche Welle. Ambos reportes se basan en entrevistas a elementos de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) con testigos protegidos.

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