Cientos de trabajadores sindicalizados procedentes del estado de Nayarit se manifestaron frente a Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga ante las “arbitrariedades y atropellos sistemáticos” a sus derechos laborales por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro, a quien acusan de un presunto desfalco de 2 mil 500 millones de pesos destinados a las pensiones de 5 mil burócratas.

Agrupados en el Frente Sindical Nayarita (FSN), integrado por 18 sindicatos de esa entidad, trabajadores del sector salud, maestros y empleados del gobierno de ese estado señalaron que el gobernador morenista recién promulgó reformas “que nos han puesto en estado de indefensión” con la aplicación de una Ley estatal de pensiones, que implica –indicaron– el traslado de todos los trabajadores estatales de la modalidad solidaria a cuentas individuales, lo cual contraviene al Ejecutivo federal que busca garantizar pensiones dignas.

Óscar Flavio Cedano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Nayarit (SUTSEM), señaló que esta situación ocurrió luego de que denunciaran ante la Fiscalía General del Estado el presunto desfalco de 2 mil 500 millones de pesos que son producto de las retenciones de aportaciones al fondo de pensiones de los trabajadores, “es con lo que se pagarían las jubilaciones pero según ellos desapareció ese dinero”.

En entrevista, acusó que pese a solicitar una auditoría forense, la fiscalía estatal está retrasando las investigaciones, por lo que mañana tendrán una audiencia ante un juez de control para solicitarle “que impulse esa denuncia”.

Ellos dicen, abundó, que desde el 2015 el dinero no existe. “Tampoco muestran las denuncias penales, por lo tanto nosotros denunciamos al mandatario estatal para que esclarezca dónde está ese recurso; quién se robó, desvió o hizo otra cosa con el (dinero) o si hubo omisión o colusión de servidores públicos”.

En el mitin, Guillermina García Rodríguez, secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación indicó que el gobernador Miguel Ángel Navarro “nos ha metido en una ley que no nos corresponde”, ya que, dijo, pertenecen al apartado B (sector público) del 123 artículo constitucional.

Se trata explicó de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, la cual ha generado descontento entre los burócratas. Esta ley, vigente desde mayo del 2022, reemplaza a la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit y es aplicada ilegalmente de manera retroactiva.

“Presidente (López Obrador) venimos a luchar fuera de nuestro estado porque allá lo único que tenemos es el hostigamiento de la Fiscalía General del estado contra todos los líderes sindicales, contra la mesa directiva; nos tienen con una amenaza constante a la clase trabajadora”, manifestó.

Flavio Cedano señaló que también existe un “amedrentamiento” contra los líderes de diversos sindicatos, ya que se han abierto carpetas investigación contra quienes se movilizaron en contra de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, conocida como “Ley Navarro”.

La modificación a la ley, dijo, trae como consecuencia que el trabajador en vez de irse con su último salario, se irá con el 70 por ciento del sueldo base, esto es aproximadamente 3 mil 100 pesos quincenales.

El dirigente del SUTSEM también denunció que los trabajadores del SUTSEM enfrentan la “violación sistemática” a los convenios laborales, contratos colectivos y condiciones generales de trabajo. Además, señaló que desde hace 12 años no han recibido incrementos salariales, lo que ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.

El nutrido número de manifestantes, que arribó en unos 60 autobuses como parte de la Caravana de la Reivindicación, Justicia y Unidad Sindical del FSN, instaló un templete frente a Palacio Nacional, donde realizó un mitin. 

Además, entregó un escrito a la Presidencia de la República, a través de Atención Ciudadana, en el que también denuncian que el gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena) de intervenir en la organización sindical al ordenar realizarles una auditoría, además de que “nos ha incautado bienes propiedad del sindicato” con el pretexto –indicaron- de ser adquiridos de forma ilegal. 

“Solicitamos que intervenga presidente López Obrador para que pare la intromisión del gobierno del Estado de Nayarit en la vida interna sindical, además de su intervención directa en los procesos democráticos de cada sindicato, buscando amedrentar a la base trabajadora, y promoviendo campañas calumniosas contra los sindicatos y sus dirigentes electos democráticamente”, apuntaron las organizaciones sindicales de la Federación en el documento.