Ciudad de México. La expulsión provisional de cinco estudiantes de la preparatoria 5 de la UNAM, hace dos semanas, responde a “motivaciones de índole política” con la finalidad de desarticular el movimiento estudiantil, aseguraron organizaciones de derechos humanos que los acompañan y comités estudiantiles, quienes a su vez exigieron la reinstalación de los alumnos y el “cese a la criminalización”.

En una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la que estuvieron presentes tres de los cinco alumnos afectados, denunciaron que la medida establecida por las autoridades universitarias es “violatoria de los derechos humanos”, ya que –indicaron– previo a su expulsión a los jóvenes no se les informó de qué se trataba la acusación en su contra, tampoco se les otorgó el derecho de audiencia ni se les dieron a conocer sus garantías fundamentales como estudiantes.

Regina Carranco, Ana Valdés, y David Cristino, estudiantes expulsados de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, narraron la forma en que fueron notificados de su expulsión el pasado 7 de febrero después de las 17:00 horas, a través de la titular de la Oficina Jurídica, la maestra Jacqueline Sarahi Mata Mendoza.

En algunos casos se les informó de esa decisión dentro del plantel, en otros vía correo electrónico como fue el caso de Ana Valdés, indicaron.

Expusieron cada uno su situación y coincidieron en que en todos los casos, “de manera ilegal”, verbalmente se les prohibió la entrada al plantel “José Vasconcelos”, con la amenaza de por medio –dijeron- de que si ingresaban “estarían cometiendo un delito”.

Miriam Estrada, del Centro de Derechos Humanos José Revueltas, puntualizó que a los jóvenes se les acusa de la presunta comisión de actos vandálicos en la Torre de Rectoría de la UNAM, pero, afirmó, “no hay pruebas ni hay evidencia” de que ellos hayan sido los responsables.

Por ello, acusó que la expulsión de los alumnos “fue ilegal”, ya que sin desahogar ningún proceso de por medio y sin contar con una resolución del Tribunal Universitario, “se les incriminó; se les notificó una sanción provisional pero en los hechos ya está afectando su esfera jurídica”.

Advirtió que el caso se va a litigar ante el Tribunal Universitario y en todas las instancias legales posibles, debido a “la cerrazón de las autoridades, que en lugar de abrirse al dialogo, están dispuestos a amenazar y amedrentar”.

Afirmaron que entre los alumnos expulsados había dos menores de edad que “fueron intimidados y coaccionados” para firmar la notificación, sin la presencia de padres o tutores.

Responsabilizaron de estas acciones al director de la Preparatoria 5 de la UNAM, Jaime Cortés Vite, quien suscribió, dijeron, la expulsión como medida precautoria. Denunciaron que esta decisión es violatoria de los artículos 1, 3, 14 y 16 de la Constitución, ya que “contraviene el principio de presunción de inocencia y el debido proceso al “imponer una sanción sin que exista la resolución de un proceso legal”.

Estrada señaló que estas expulsiones “no son casualidad”, ya que se tiene registro de al menos 20 casos de estudiantes “que han sido expulsados por cuestiones políticas”.

Al dar lectura a un comunicado en las instalaciones del Cencos, Alexis Gallegos, de la Central de Estudiantes Universitarios, refirió que entre finales de 2023 y 2024, al menos 16 estudiantes han sido expulsados y remitidos al Tribunal Universitario, relacionados con hechos de protesta.

Y acusaron que “estas medidas violatorias de los derechos humanos”, son promovidas desde la rectoría de la Universidad Nacional, a través del Director General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, Gerardo Moisés Loyo Martínez, entre otros Directores de Escuelas y Facultades.

Gallegos también denunció que el equipo de asesores jurídicos, por medio de fuentes diversas, recibió ayer amenazas para que abandone la defensa de los alumnos expulsados. Al respecto, Estrada puntualizó que ya se valoran las acciones legales que emprenderán.

Sobre la toma parcial del plantel que realizaron el lunes pasado algunos alumnos, Ana Valdés aseguró que fue realizada por un grupo de compañeros de estudiantes organizados, “ajenos a cualquier colectivo estudiantil”, y que se manifestaron en solidaridad y apoyo.

Horas después de que las autoridades de la Preparatoria 5 informaran que este jueves se retomarían las clases a partir de las 13:40 horas, la estudiante señaló que “la toma se vio frenada por la dirección”, ya que jamás se retiraron de las instalaciones y “tenían amenazas a las personas que estaban presentes, porque durante el paso del tiempo y del desgaste terminaron quedando dos estudiantes que también fueron amedrentados”.

Las autoridades, dijo, les pidieron desistir de su protesta o de lo contrario informarían que se impartirían las clases en línea, lo que iba afectar a otros alumnos que no tienen posibilidades o los medios para hacerlo.

Los alumnos, pertenecientes a la Central de Estudiantes Universitarios, afirmaron que son un movimiento estudiantil que realizan protestas pacíficas para buscar la mejoría y modernización de sus planteles.