Ciudad de México. Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles Berlanga, y ex jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2012 a 2015, impugnó ante un tribunal colegiado la vinculación a proceso que un juez federal le dictó en octubre del año pasado por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, contemplado en el artículo 217 del Código Penal Federal, en la llamada estafa maestra.
También apeló la medida cautelar impuesta por el impartidor de justicia que consiste en la prohibición de salir del país.
Las autoridades judiciales lo acusan por un desvío de recursos que supera los 300 millones de pesos, al otorgar un contrato con Radio y Televisión del estado de Hidalgo, como pago por servicios que no se realizaron.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el ex funcionario en 2014 presuntamente contrató de manera indebida servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por más de 353 millones pesos.
El ex jefe de comunicación social de la Sedesol, promovió el recurso el pasado 15 de febrero que admitió el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal.Emtre los actos que reclamó fue “ la resolución emitida en la continuación de la audiencia inicial celebrada el 13 de octubre pasado, por lo que hace a la imposición de la medida cautelar, respecto del hecho con apariencia de delito previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, en relación al inciso d), del Código Penal Federal, y se impuso al mismo la medida cautelar consistente en la prohibición de salir del país, sin autorización”.
El caso se turnó a la magistrada Gabriela Vieyra Pineda, quien en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Sosamontes Herreramoro fue titular de Comunicación Social tanto en Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano entre 2012 y 2015, periodo en el cual de acuerdo con investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y concretadas en carpetas de investigación por parte de la FGR, supera los 5 mil millones de pesos en contratos otorgados a universidades públicas y empresas fantasmas.
Enfrenta un segundo proceso por el desvío de más de 203 millones de pesos mediante contratos ilegales por servicios que no se realizaron y que se habían acordado con Radio y Televisión del estado de Hidalgo, lo anterior durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
