El gobierno federal venderá los edificios que fueron sede la la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hasta octubre de 2017, luego de que resultaron dañados por el sismo de ese año, este será el segundo intento por comercializar los inmuebles luego de que en 2018 se habían otorgado en concesión para que se convirtieran en un hotel y no se concretó ese acuerdo ni tampoco se logró su desincorporación en 2020.

A través del Diario oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la desincorporación “del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la enajenación Ad Corpus a título oneroso mediante licitación pública, de los inmuebles denominados Reforma 211 y Reforma 213”.

En 2018 el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) había estimado que las propiedades tenían un valor de 726 millones de pesos, aunque estructuralmente quedaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Este jueves, la SHCP dio a conocer el acuerdo mediante el cual señala que el precio de venta será cubierto por el adquirente en una sola exhibición y no podrá ser inferior al que para tal efecto determine el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mediante el avalúo respectivo.

Asimismo, establece el acuerdo que el Indaabin “realizará a nombre y representación de la Federación, los actos correspondientes para llevar a cabo la operación que se autoriza”, y que “los impuestos, derechos, honorarios y gastos que se originen con motivo de la operación que se autoriza, serán cubiertos por el adquirente conforme a lo establecido en las disposiciones legales respectivas”.

En abril de 2020 fue la primera ocasión en que el gobierno federal informó su disposición de vender los edificios que ocupó la PGR durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y había puesto un precio base para la licitación de mil 396 millones de pesos.