San Salvador. Las autoridades de Seguridad salvadoreñas informaron el jueves que, en el marco del régimen de excepción que se prolonga desde hace casi dos años, más de un millar de menores de edad fueron condenados por supuestamente pertenecer a las pandillas.
“Se ha capturado a mil 194 menores de edad; de ellos, mil 65 ya fueron condenados a penas que van hasta los 20 años de internamiento por (el delito) de agrupaciones ilícitas”, dijo en conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad Publica, Gustavo Villatoro.
Villatoro, acompañado del gabinete de Seguridad, se presentó ante la prensa para informar de la detención reciente de ocho menores de edad, tras publicar videos en las redes sociales en los que aparecían haciendo señas de pertenencia a las pandillas. Insistió en que serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.
Seis adolescentes ente 12 y 15 años fueron detenidos, todos juntos, esta semana por grabar vídeos en un centro educativo público al norte del país, que publicaron en las redes sociales en los que, según las autoridades, aparecían “rifando a la Mara Salva trucha (MS.13)", en alusión a sus gestos.
Otros dos menores de edad fueron detenidos el domingo son señalamientos similares.
El director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, explicó que los seis adolescentes fueron ubicados y capturados luego de denuncias de la población quienes señalaron que los menores realizan señales de pandillas.
Villatoro explicó que, con las reformas a la Ley penal Juvenil, "todo menor de edad entre los 12 y los 18 años va a responder con penas de prisión hasta 20 años, que casualmente es la pena mínima para los de delitos de agrupaciones ilícitas”.
Ahora, dijo Villatoro, “desgraciadamente va a ir a terminar su educación en las escuelas que tenemos en los centros de internamiento”.
Las autoridades advirtieron que continuarán ejerciendo patrullaje digital, esto es, vigilando el contenido publicado en internet, con supervisión de la policía y de la fuerza armada sobre los más de 1.000 centros educativos publico en el país.