Guadalajara, Jal. Corrupción, nepotismo, enriquecimiento ilícito y apología del delito durante las administraciones de las emecistas María Elena Limón y Citlalli Amaya como alcaldesas de Tlaquepaque han sido delitos encubiertos por el fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz, quien no ha resuelto la denuncia 117/2020 que se abrió hace casi cinco años en la agencia 5 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, dieron a conocer miembros del Centro de Estudios Pila Seca.

Los integrantes de la asociación civil, quienes también solicitarán al Congreso local juicio político contra el funcionario, explicaron que hicieron la denuncia el 4 de marzo de 2019 y en ésta se da cuenta documental del crecimiento en el patrimonio de Limón, actual diputada federal plurinominal, quien anunció que no buscará relegirse y regresará a Tlaquepaque a coordinar la campaña de Amaya, que busca repetir como presidenta municipal.

Las valuaciones de casas y departamentos en la citada demarcación, así como en Guadalajara y Chapala, a nombre de ella o de hijos y parientes, además de cuentas bancarias en Estados Unidos, fueron presentados como pruebas respecto a la disparidad entre sus ingresos y sus adquisiciones declaradas.

El documento también integra el registro de vehículos de lujo que, por sus costos, no corresponden a los recursos percibidos por Limón y sus familiares, a quienes colocó dentro de la nómina municipal y que hoy Amaya mantiene en sus puestos.

Además de Limón, se acusó a sus sobrinos, que son directores de diversas áreas en Tlaquepaque: César Arturo Reynoso, de la Coordinación de Servicios Públicos; José Inés Reynoso, de Inspección y Vigilancia; Francisco Reynoso Mercado, Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos, e Irma Yolanda Reynoso Mercado, de Salud.

Adicionalmente, fueron señalados los hijos de la diputada, Carlos Manuel y Argenis León García, y el hermano de ella, José Luis Limón García, por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

Luis Armando Córdova Díaz, quien preside el Centro de Estudios Pila Seca, recordó que la denuncia también fue presentada ante la Fiscalía General de la República y que pese a que desde el 19 febrero 2021 el Ministerio Público Federal recabó pruebas que a la postre resultaron suficientes para acreditar los ilícitos, de repente se declaró incompetente para seguir el caso y determinó que eso correspondía a la fiscalía jalisciense.

Sin embargo, lo que se ha avanzado en la Fiscalía Anticorrupción es por el trabajo que hemos hecho nosotros (aunque) ellos nos ponen obstáculos para poder integrar esas carpetas al negarnos la calidad de víctimas e interesados en este tema, así que nos fuimos a un amparo y lo ganamos, dijo en rueda de prensa.

Indicó que el fiscal De la Cruz está sometido a una agenda política, en lugar de actuar en representación de la sociedad, por lo cual no pasará de este mes cuando se presente ante el Congreso del estado la solicitud de juicio contra él y los agentes ministeriales que no cumplen con su responsabilidad.

Córdova Díaz afirmó que además será demandado por obstaculizar la integración de las indagatorias, guardar silencio procesal, no judicializar las carpetas de investigación, no imputar delitos a los señalados, ni solicitar que sean vinculados a proceso para que sean castigados penalmente, omisiones sancionadas por el Código Penal del estado de Jalisco.

El también abogado y ex regidor priísta de Tlaquepaque agregó que el 16 de febrero pasado presentó una denuncia en contra de la alcaldesa Citlalli Amaya por apología del delito y encubrimiento, al no separar de sus cargos a empleados que están en este proceso de investigación y, por el contrario, decir que son funcionarios ejemplares y que realizan muy bien su trabajo, como lo hizo en una reciente sesión de cabildo, según consta en registros.