El apetito de EU por la guerra parece insaciable. Sin mencionar las que van del siglo, sus acciones en los últimos dos años son más que reveladoras.
Su apoyo a Ucrania ya se veía desgastado cuando, después del 7 de octubre, se dispuso a apoyar el genocidio de Israel contra del pueblo palestino. Como si eso fuera poco, con sus bombardeos a Yemen, Irak y Siria parece dispuesto a abrir nuevos frentes de guerra.
En nuestra América, el vecino del norte también libra una guerra que no por ser sin bombas es menos nociva. Como las de Medio Oriente, tampoco es nueva. La beligerancia directa e indirecta fue parte constitutiva de su consolidación imperial.
América Latina, como lo ha detallado Greg Grandin en su libro Empire’s Workshop, ha sido un laboratorio para ensayar métodos de dominación incluyendo la contrainsurgencia, el poder duro y el blando, así como las guerras perpetuas. Hoy esta beligerancia se lleva a cabo a través de bloqueos económicos, operaciones encubiertas y su llamada guerra contra las drogas. Son políticas que producen inmenso sufrimiento.
Por su duración, alcance y crueldad el bloqueo contra Cuba es bien conocido, si no dentro de EU, sí en el resto del mundo, que año tras año se manifiesta en la ONU por ponerle fin. Se podrían escribir libros enteros sobre los efectos y la evolución de estas sanciones. Aquí mencionaremos apenas el marco básico. EU prohíbe no sólo que sus compañías hagan intercambios con la isla, prohíbe que cualquier subsidiaria de sus compañías pueda hacerlo; prohíbe la comercialización de cualquier producto, incluyendo fármacos, que contenga 10 por ciento de componentes –ya sean partes de alguna pieza, materia prima o propiedad intelectual– estadunidenses; prohíbe a cualquier barco que atraque en un puerto cubano de hacerlo también en uno estadunidense; prohíbe a bancos procesar transacciones económicas con la isla, ya que EU ha puesto a Cuba en su lista de países patrocinadores de terrorismo.
Ensayadas en Cuba, medidas similares han sido impuestas a Venezuela desde 2015, cuando Barack Obama, entonces presidente de EU, decretó que el país era “una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional” estadunidense. En 2017 Donald Trump intensificó estas medidas bajo su “campaña de máxima presión” destinada a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Los efectos han sido devastadores. Desde 2015 la economía venezolana perdió en promedio 40 mil millones de dólares por año; de 2015 a 2020 la producción de PDVSA (principal fuente de gastos sociales) descendió 87 por ciento; entre 2016 y 2019 los recursos que se perdieron debido a esta guerra económica hubieran alcanzado para importar alimentos y medicinas suficientes para 45 años o para financiar el sistema de salud público y privado por 29 años (https://shorturl.at/fjxz4). Tras su visita al país en 2019, el relator especial para la ONU, Alfred de Zayas, calculó que 100 mil venezolanos habrían muerto como resultado de las sanciones. Dos años después, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, detalló cómo el embargo a la industria petrolera, las sanciones secundarias, la apropiación de bienes venezolanos en el extranjero y la negativa de bancos a tratar con el país por miedo a represalias, han devastado los sistemas de alimentación, de salud, de educación, de infraestructura y han propiciado una enorme emigración.
La guerra sin bombas se extiende ahora a Ecuador, donde, so pretexto de enfrentar la actual violencia, EU fortalece su presencia. Aunque la Constitución ecuatoriana prohíbe bases militares foráneas, desde 2019 se permite a aviones militares estadunidenses usar el aeropuerto en las Islas Galápagos. En 2020, poco antes de que la pandemia dejara las calles de Guayaquil amontonadas de cuerpos, Quito accedió a presión de expulsar a 400 miembros del personal de salud cubano (como lo hicieron Brasil, El Salvador y Bolivia –este último bajo el gobierno golpista– expulsando a 10 mil brigadistas). El sometimiento a la voluntad imperial sigue ahora con el arribo de la titular del Comando Sur de EU, Laura Richardson, quien llegó a Ecuador para dirigir las acciones contra el crimen organizado. Además de ofrecer un paquete de armamento a cambio de que Ecuador entregue a Ucrania el material que en otro momento recibió de Rusia, se instalaron en el país agentes de la FBI, la DEA y grupos de élite secretos coordinados desde la embajada estadunidense.
Como si estas estrategias no sonaran a conspiración, están las operaciones reveladas reciente –y no tan recientemente– para asociar a mandatarios como el ex presidente Evo Morales, Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. En septiembre de 2015, el Huffington Post publicó un reportaje sobre la Operación Rey Desnudo, para implicar a Morales y gente cercana a él de colusión con narcotraficantes. Más recientemente hemos presenciado cómo se le quiso acusar a AMLO de recibir dinero del narcotráfico en su campaña de 2006. Para Venezuela está la Operación Tejón, revelada por Associated Press, en la cual la DEA quiso infiltrar a operativos venezolanos para implicar a Maduro y sus allegados con el narcotráfico. Ante estas revelaciones, Wes Tabor, ex agente de la DEA, declaró: “No nos gusta decirlo públicamente, pero somos, de facto, la policía del mundo”. Jactándose de esta s tácticas ilegales, continuó: “No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadunidenses están en juego”.
Esto, mientras el gobierno israelí –cobijado, financiado y apoyado por EU– asesina a un niño palestino cada ocho minutos.
*Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora de Lecciones inesperadas de la revolución: Una historia de las normales rurales (La Cigarra, 2023).
