Las obras de construcción de otro tramo de la nueva carretera federal Pachuca-Huejutla, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal fueron suspendidas por orden del juez federal del tercer distrito Fredy Francisco Aguilar Pérez en favor de comuneros del poblado de Rancho Nuevo, del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, quienes exigen el pago de la indemnización correspondiente por los predios donde se construye la vía.

Así suman ya dos las suspensiones temporales de las labores de construcción en dos tramos diferentes de la carretera emitidas por la justicia federal en un mes.

Los comuneros, que conforman la Sociedad Real Zumate, S.A. de C.V., representada por Pascual López promovieron el amparo indirecto 321/2024 en el que solicitaron al juez tercero la suspensión temporal de los trabajos de construcción en dos porciones del tramo carretero que atraviesa un predio denominado Bosques de Pueblo Nuevo.

Según el amparo indirecto, la primera porción de terreno es de 7mil 364 metros cuadrados y el segundo de más de 4 mil 396 cuadrados.

En esos dos segmentos la SICT ya había realizado los trabajos de eliminación de follaje, aplanamiento del terreno y trazo de la vía para dar paso a la pavimentación y reencarpetamiento, lo cual quedó suspendido.

El juez Fredy Francisco Aguilar en el amparo señaló que los dos segmentos de tierra por donde se construye la carretera son parte de un polígono de tierra de 687. 29 hectáreas cuyos propietarios son los habitantes de Pueblo Nuevo según la escritura pública 56 mil 923, libro 2371 de fecha 21 de diciembre de 2019 "que contiene la protocolización de la propiedad privada de las dotaciones de tierra a los nativos y habitantes de la ranchería, hoy Pueblo Nuevo, Mineral del Monte distrito de Pachuca".

El abogado Julio Gálvez, representante jurídico de los comuneros, explicó que los habitantes de la ranchería de Pueblo Nuevo, son dueños del predio bajo el régimen comunal en lo que son repartidas las tierras.

Reveló que hay un decreto presidencial de 1924 del entonces presidente de México Plutarco Elías Calles en el cual se hizo entrega de esas tierras a 56 familias bajo el régimen de propiedad comunal.

Ese documento funge desde hace 100 años como título de propiedad. Sin embargo, la SICT nunca los indemnizó por la construcción y afectación causada por la carretera Pachuca - Huejutla".

Para que la SICT pudiera usar de forma legal esos predios, tendría que haber solicitado al presidente de los Bienes Comunales de Pueblo Nuevo su donación a cambio de un pago económico.

Gálvez explicó que el Comisariado de Bienes Comunales hubiera tenido que convocar a una asamblea extraordinaria de comuneros para exponer la propuesta y someterla a votación para su aprobación.

No obstante, nada de esto ocurrió. "Simple y llanamente los funcionarios de la SICT tomaron un plano, trazaron allí el tramo de la carretera y se metieron a construir sin avisar a los comuneros".

Gálvez explicó que, a pesar de que el presupuesto para la indemnización está etiquetado desde 2019, y se firmaron múltiples convenios de colaboración para incrementar los fondos destinados al pago de las afectaciones, la SICT nunca realizó los pagos.

"Esta situación ha afectado gravemente el derecho de propiedad de la ranchería de Pueblo Nuevo".

Ante esto, la mañana del martes Gálvez acompañado de algunos comuneros acudió a los predios donde se construye la carretera y notificó a los jefes de obra del otorgamiento del amparo para que suspendieran sus labores y salieran del lugar, lo cual aceptaron.

El 18 de enero, el mismo juez tercero de distrito emitió una suspensión en los trabajos de construcción de un tramo de 300 metros lineales de esa misma carretera federal Pachuca-Huejutla que atraviesa un predio de tres hectáreas y media propiedad de una persona identificada como Juan Hernández Solís quien exige también el pago de la indemnización correspondiente.