Nuevo Laredo, Tams. Seis años pasaron para que las madres de los jóvenes Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros, pudieran recuperar sus cuerpos, después que del 18 de febrero de 2018 fueran víctimas de los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México.
Peritos de la Fiscalía General de la República realizaron la exhumación de los restos humanos de ambos jóvenes para la realización de pruebas genéticas y antropológicas que confirmen su identidad plenamente, a petición de la Fiscalía Especial de Investigación en Delitos de Desaparición Forzada en donde se integra la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/000305/2018, a cargo de la agente del Ministerio Público de la Federación Cinthya Nayeli Banda Ferrer.
Los restos humanos de Jonathan y Noé Ignacio permanecieron en una fosa común del panteón Municipal II de Nuevo Laredo desde Mayo del 2018 cuando fueron sepultados en “calidad de desconocidos” (NN1 y NN2), luego de que un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas ocultara a sus familiares su hallazgo y características, cuando fueron encontrados semienterrados, un mes antes, en un predio particular ubicado en la carretera federal Nuevo Laredo-Colombia.
A los marinos que participaron en estas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales no les importó que Jonathan fuera menor de edad, apenas tenía 17 años, mientras que Noé Ignacio Alférez Hernández contaba con 25 años. Otras víctimas de esta cacería atroz corresponden a tres mujeres y dos menores de edad para un total de 47 víctimas, algunas procedentes de los estados de Oaxaca, Coahuila y Nuevo León.
Es importante mencionar que este operativo de la Secretaría de Marina implementado en Nuevo Laredo, Tamaulipas fue solicitado por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca al entonces Almirante Secretario Vidal Francisco Soberón Sanz, acordando iniciar operaciones en las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo.
Dicho operativo estuvo a cargo del Almirante Marco Antonio Ortega Siu, director de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) y de los comandantes Salvador Gerónimo Rodríguez y Alfredo Reyes Mondragón denominándolo “Operación Laguna”.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en julio del 2020 la Recomendación 36VG/2020 dirigida al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero solamente reconociendo a 27 de las 47 víctimas de los marinos.
A cuatro años de distancia de la Recomendación 36VG/2020 ninguna de las familias de las 27 víctimas ha recibido la reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido omisa y negligente para localizar a más de 24 víctimas y otras 15 que fueron ejecutadas extrajudicialmente por los marinos sus casos siguen en la absoluta impunidad.
Estrenan Memorial con triste Aniversario
El domingo, 18 de febrero, familiares de Jonathan Organista Ballesteros y Noé Ignacio Alférez Domínguez se reunieron en el Memorial para Víctimas construido en la Plaza 1º de Mayo por autoridades municipales y entregado al pasado mes de enero para recordar la detención arbitraria, desaparición forzada y ahora ejecución extrajudicial de los dos jóvenes.
A esta triste ceremonia acudieron familiares de otras víctimas de la Marina vestidas con ropas blancas y portando globos, pancartas y fotografías con las imágenes de sus seres queridos que continúan desaparecidos o que fueron localizados sin vida entre los meses de febrero a mayo del 2018.
Otro de los jóvenes que el próximo martes 20 de febrero cumple seis años de desaparecido es Julio Cesar Viramontes Arredondo, quien fue detenido por marinos en la colonia Buenavista tras un accidente carretero y hasta la fecha se desconoce su paradero.