La iniciativa presidencial para reformar la Constitución en materia de extorsión tiene como objetivo castigar con mayores sanciones ese delito, pues pasaría de ser un ilícito contra el patrimonio a uno contra la seguridad e integridad de las personas.

“Esto implicaría un aumento de penas a quienes incurran en extorsión”, enfatizó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria expuso la propuesta presidencial en la mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, y manifestó la seguridad del gobierno federal para que “los grupos parlamentarios (en el Congreso de la Unión) sean sensibles a estas iniciativas”.

Subrayó que se ha dado un incremento en este delito, que afecta a la sociedad, su patrimonio y seguridad, pues en enero de este año creció 7.7 por ciento en incidencia, en comparación con el mismo mes de 2023, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

Frente a esa realidad, explicó, es que el mandatario federal envió en días pasados la iniciativa de reforma constitucional para cambiar el tipo de delito y elevar las penas.

El objetivo es que “la extorsión sea considerado delito grave o de alto impacto, impedir que los delincuentes sean puestos en libertad con facilidad como actualmente ocurre”.

El proyecto, detalló la secretaria, incluye diversas modalidades de extorsión: el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados montachoques, los monta deudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso, los monopolios en la distribución de diferentes productos; además se prevé sancionar otras dos actividades vinculadas a este ilícito, engaño telefónico y las ofertas de premios.

Se identifica además que este ilícito es cometido por estructuras delictivas organizadas, de ahí que deben de ampliarse las penas y reconsiderar el tipo de delito. 

“Se busca la modificación de la Constitución y de la ley contra la delincuencia organizada para incorporar ahí mismo el delito de extorsión. Esto permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos”. Agregó que también se pretende unificar a nivel nacional sus sanciones y garantizar la reparación a las víctimas.