Nueva York. Al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández se lo exaltaba en Estados Unidos como un aliado crucial en la guerra contra la droga. Ahora, los fiscales federales lo acusan de gobernar su nación centroamericana como un “narco Estado” al recolectar millones de dólares de los carteles violentos para financiar su ascenso al poder.

Casi dos años después de su arresto y extradición a Estados Unidos, Hernández va a juicio en un tribunal federal en Manhattan, acusado de narcotráfico y delitos armados. La selección del jurado está prevista para comenzar en las próximas horas.

Es una caída en desgracia escandalosa para un dirigente político a quien gobiernos tanto demócratas como republicanos consideraban beneficioso en la lucha contra el narcotráfico y para ayudar a detener las olas de migrantes que cruzaban la frontera desde el sur.

El hecho de que a Hernández se le juzgue en Estados Unidos en lugar de su país natal pone de relieve la debilidad institucional de Honduras, dijo Raúl Pineda Alvarado, un analista político hondureño y ex legislador por el Partido Nacional de Hernández.

“Para los hondureños, significa la demostración de lo débil de nuestra democracia, entendida como división de poderes", dijo Pineda Alvarado. "Los políticos no están sujetos a ningún control”.

Según las autoridades federales, durante casi dos décadas Hernández obtuvo ganancias del comercio de cientos de miles de kilos de cocaína introducidos en Estados Unidos, y en ocasiones cooperó con el poderoso cartel mexicano de Sinaloa.

Los millones de dólares procedentes del narco que Hernández empezó a recibir alrededor de 2004, sirvieron a su vez para financiar su ascenso, desde legislador que representaba a una provincia rural en el occidente de Honduras hasta presidente del Congreso Nacional y dos períodos presidenciales de 2014 a 2022, dicen los fiscales.

A cambio de los sobornos que apuntalaron sus aspiraciones políticas, dicen los fiscales, se permitía a los narcotraficantes operar en el país con impunidad casi total: recibían información que les permitía evadir a las autoridades e incluso escoltas policiales para sus envíos.

Durante su primera campaña presidencial triunfante, Hernández recibió 1.6 millones de dólares de un traficante para financiar la suya y las de otros políticos de su partido conservador.

Su hermano recibió una donación de 1 millón de dólares del célebre capo de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, con la promesa de que los envíos del cartel tendrían paso libre por Honduras si Hernández resultaba elegido.

Los fiscales federales en Nueva York dedicaron años a investigar las organizaciones hondureñas del narco hasta llegar a la persona que muchos creían estaba en la cumbre: Hernández.

Fue arrestado en su domicilio en la capital hondureña de Tegucigalpa en febrero de 2022, tres meses después de finalizar su período presidencial, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.