El ciudadano tiene un estatus legal derivado de sus derechos de carácter civil, político y social. Debe actuar conforme a la ley y gozar de la protección de la misma. Existe como un agente que participa en las instituciones y los procesos políticos; una manera de hacerlo, la más general y, también la más elemental, es mediante el derecho efectivo al voto, cuyo ejercicio exige de información suficiente, fidedigna y oportuna para decidir. Finalmente, el ciudadano es miembro de una comunidad con lo que eso representa en cuanto a la seguridad de sus condiciones de vida y, en muchos casos, de su misma existencia ante la inseguridad creciente.

Todo esto constituye la fuente distintiva de su identidad. Si se disminuye, o aún más, si se pierde esa identidad, se trastoca el sentido mismo del ser ciudadano y, con ello, el de la democracia.

En la práctica, las formas de la democracia se remiten en menor o mayor grado a estas premisas, aunque no necesariamente se apeguen a ellas. Las variaciones al respecto son de diversos tipos, y en ciertas situaciones llegan a ser amplias y profundas, al grado de desfigurar el sentido esencial de este sistema de organización política y social.

Hoy, en América Latina, para no ir muy lejos, hay casos en que los linderos de la democracia y de la identidad de la ciudadanía se han deformado de modo tal que es difícil reconocerla, aunque se insista en seguir refiriéndose a la situación política reinante como tal: Venezuela, Nicaragua, Cuba, y varios otros casos notorios exhiben esa situación. Así ocurrió en la intentona de frustrar la toma de posesión del presidente en Guatemala en las recientes elecciones; en El Salvador, donde la violencia y la criminalidad han llevado a establecer un estado de excepción; en Ecuador, al borde del colapso social por la inseguridad. La disputa en Brasil entre el gobierno de Lula y la aún presunta acción del ex presidente Bolsonaro para dar un golpe de Estado en las pasadas elecciones, evidencia las condiciones y amenazas existentes.

En México se están propiciando alteraciones en la conformación del orden legal, político y social que tienden expresamente a redefinir el orden democrático existente; algunas de éstas suscitan diferencias significativas entre la sociedad y se plantean como una referencia clave para las próximas elecciones.

Uno de los aspectos centrales en esta pugna tiene que ver con el derecho al acceso a la información y a los documentos relacionados con la gestión de los asuntos públicos. Este se considera como un derecho fundamental de los ciudadanos; es una parte integral de la libertad de expresión; de suma relevancia para promover el cumplimiento de la ley; saber lo que se hace con los fondos públicos y con que eficacia se usan; refuerzan otros derechos como los asociados con la educación o la salud y, de modo no trivial, alientan la confianza en la relación de los ciudadanos y su gobierno.

El derecho a la información es una parte esencial de esa relación con el poder político; controlarla o, de plano eliminarla implicaría en última instancia, aceptar un mayor control o dominio del gobierno y del Estado sobre los ciudadanos y dejar en las sombras las condiciones de la gestión pública; una contracción significativa de la responsabilidad que implica la rendición de cuentas.

El ciudadano debe saber. Debe conocer lo que atañe a las acciones del gobierno y para eso han de existir los medios para que se informe de modo efectivo y veraz. Esa es la base de una relación democrática reforzada. Es en ese sentido que debería tenderse, a perfeccionar la ley y el modo de funcionamiento del órgano autónomo encargado de gestionar el derecho a la información, y no a restringir el acceso a la misma y poner en vilo una parte relevante del orden institucional. A eso debe sumarse la protección de datos personales, lo que no es un asunto menor cuando se trata de la seguridad y libertad.

Llevar de nuevo la función de informar a la estructura del propio gobierno será devolverle un indeseable e impropio papel de juez y parte en la consideración política, económica, financiera y legal de sus propias acciones. Equivaldría, en efecto, a restringir los derechos ciudadanos.

El camino de ampliación democrática tendría que ser el opuesto y extender de modo efectivo el acceso a la información como lo que es: un derecho ciudadano de primer orden. Ese es el sentido de la transparencia. La libertad de información es crucial puesto que es por medio de ella que los ciudadanos pueden saber propiamente lo que se hace con los recursos públicos y sus consecuencias, al tiempo de abrir de modo más efectivo su participación política. El acceso a la información emanada de las acciones de las instancias de gobierno ensancha los espacios para decidir acerca de las opciones políticas.