El 15 de mayo del año pasado se publicó aquí mi artículo “Corrupción y basura tóxica”, en el que cité dos lugares supuestamente para confinar esa basura y que despertaron la oposición ciudadana. Uno, en la Pedrera, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. El otro, en General Cepeda, municipio de Coahuila, que tuvo una poderosa resistencia de los habitantes de San José de la Paila, vecino al citado proyecto. Éste fue aprobado por las instancias federales en 1998. En ese entonces gobernaba Coahuila Rogelio Montemayor y era titular del medio ambiente estatal Rodolfo Garza Gutiérrez.

Los activistas ambientales de Coahuila, junto con ejidatarios de San José de Paila y comunidades vecinas, denunciaron los daños que ocasionaría dicho “confinamiento”. Y demostraron a la entonces titular de la Semarnat, Julia Carabias, que Gabriel Quadri, responsable del Instituto Nacional de Ecología, la engañó para obtener su firma en la autorización correspondiente. 

Nueve meses después de que mencioné el caso de este basurero, el doctor Rodolfo Garza Gutiérrez, a cargo de los asuntos ambientales de Coahuila entre 1993 y 1999, afirmó en carta a La Jornada que lo señalé “irresponsablemente por interpósita persona de favorecer la instalación del basurero tóxico, cuando la autorización para la instalación de confinamientos de esa naturaleza es de responsabilidad federal”. Y agregó que si no tenía dichas pruebas “que demuestren de lo que me acusa, publique una nota, aclarando el mal entendido”.

Mala memoria del doctor Garza Gutiérrez. Hace ya 26 años (en 1998), un número especial del suplemento La Jornada Ecológica estuvo dedicado a dicho basurero. Y la “interpósita persona” a la que alude en su carta tiene nombres: José Luis García Valero, reconocido luchador social y ambiental; Emilio Arizpe Narro, primer regidor del Cabildo de General Cepeda; Sonia Ponce Nava, bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y Ana Silvia Arrocha Contreras, secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, que presidía Luis H. Álvarez.

Ellos escribieron los textos publicados en el suplemento y, junto con otras personas, señalaron el apoyo al proyecto del gobernador Montemayor (su hermano era uno de los socios de la empresa), la secretaría estatal del medio ambiente y otras dependencias oficiales.

Fueron tantas las irregularidades que el tiradero (que no confinamiento) se canceló definitivamente en 2000 a un alto costo para el gobierno federal. Y los funcionarios que de diversas formas apoyaron ese proyecto lleno de irregularidades nunca aclararon nada sobre su participación. Respondo así a la petición del doctor Garza Gutiérrez.

El gobierno federal y el de Coahuila no aprenden de las malas experiencias. En 2014, la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, parte del Grupo Ecolimpio, con sede en dicho estado, logró con artimañas (como pasó en San José de la Paila) la autorización ambiental para construir y operar otro supuesto “confinamiento” de residuos tóxicos y peligrosos en terrenos propiedad de Ecolimpio, contiguos a las tierras de uso común del ejido Noria de la Sabina.

Para lograr que se le cediera parte de esas tierras como “servidumbre de paso” y no se opusieran al confinamiento, ofreció a los ejidatarios una planta avícola para dar empleo a las mujeres, así como otros servicios sociales. A espaldas de la asamblea ejidal, personal de la Procuraduría Agraria amañó un acta de “redestino y asignación” de una porción de las tierras de uso común del ejido, las parceló y entregó al representante legal y director de Semnsa, Javier Calderón Domínguez, quien quedó registrado en dicha acta apócrifa como “ejidatario, avecindado y dedicado a las labores del campo”.

Los auténticos ejidatarios se dieron cuenta de las componendas cuando el “confinamiento” comenzó a funcionar. Lo clausuró la autoridad federal el año pasado, pero sigue en uso con el visto bueno de ella, pese al daño que ocasiona al medio ambiente y a la población. La responsable del medio ambiente estatal era Eglantina Canales. En los dos casos ningún funcionario y tampoco ningún particular fue sancionado por violar las leyes sobre desechos tóxicos y peligrosos. ¡Viva la impunidad!