San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Movimiento Sueco para la Reconciliación–SweFOR y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), pidieron a las autoridades mexicanas y a las instancias internacionales que “actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala”.

En un documento afirmaron que “el aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado” en la sierra y la frontera “están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos”, por lo que hicieron una llamado a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos”.

Señalaron que “desde 2021, Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido, de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, y según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población”.

Agregaron: “Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia. Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional”.

SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas y su objetivo en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo, mientras que Sopaz, es una agrupación internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995 que trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En su documento, ambas organizaciones solicitaron a las autoridades mexicanas que “reconozcan públicamente el aumento de la violencia en Chiapas y particularmente el conflicto armado que afecta a la región fronteriza con Guatemala desde 2021; que se garantice la protección de la población civil frente a la violencia, asegurando la acción pertinente de las entidades estatales de carácter civil; implementar una perspectiva interseccional para la atención a los grupos más vulnerables (niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas indígenas, etcétera)”.

Asimismo, que “se aplique una respuesta coordinada e integrada de todas las entidades institucionales competentes para generar atención humanitaria tanto a la población civil que se mantiene en las áreas afectadas por la violencia como a la población víctima de desplazamiento forzado” y que “se asegure la protección de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos de las zonas asoladas por la violencia, así como de periodistas que cubren la región a través de las medidas previstas por el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

También solicitaron que “se coordine una respuesta institucional para garantizar a la población civil el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que ya están previstos por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales”.