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Empresa Tecnología y Diseño Industrial busca revertir sanciones

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Edificio de la Secretaría de la Función Pública en la capital del país. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
18 de febrero de 2024 12:36

Ciudad de México. Aun cuando fue inhabilitada por la Función Pública, debido a irregularidades en contratos con dependencias federales desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y el gobierno panista de Guanajuato, la empresa Tecnología y Diseño Industrial (TDI) trata de revertir las sanciones con procesos ante juzgados.

Como parte del litigio, explicaron diputados de la Comisión Anticorrupción, en los expedientes se conoce que la empresa habría utilizado información falsa como parte de una licitación en la que participó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La firma, que se constituyó en 2001, ha obtenido más de 600 contratos desde 2011 y hasta 2023, por más de 3 mil millones de pesos, de los cuales más de 612 millones se concentraron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mediante 327 adjudicaciones.

Parte del conflicto es el contrato que en 2022 le asignó el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez en Guanajuato, para el abastecimiento de material de osteosíntesis y endoprótesis por hasta 224 millones de pesos.

El 15 de agosto de 2022, la SFP resolvió inhabilitar a la empresa por 18 meses, por aportar información falsa para participar en un contrato con el IMSS, por 42.3 millones de pesos, en diciembre de 2019.

En el juicio de amparo 1379/2022 se precisa que TDI entregó una carta de recomendación de diciembre de 2019 por un médico que, con posterioridad, desconoció su firma y el contenido del documento, irregularidad que derivó en la inhabilitación y una multa de 785 mil 757 pesos.

TDI interpuso un amparo donde argumentó que no se le permitió presentar una prueba de grafoscopía y caligrafía, y si bien como parte del litigio se repuso el procedimiento para aportar esas pruebas, la SFP emitió una circular en junio de 2023 que le impide concursar.

No obstante, emprendió al menos una decena de procedimientos ante juzgados, el más reciente, el 333/2023, que le concedió suspensión definitiva contra la multa y la inclusión de su nombre en el Directorio de Proveedores Sancionados, “a efecto de garantizar su honor e imagen”, pero ello no la habilita para participar en licitaciones.

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