Ciudad de México. La justicia digital en el ámbito federal se consolida a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) que, en 2023, se utilizó para 99 millones 906 mil 35 transacciones, equivalentes a 273 mil 715 movimientos al día, afirmó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En un comunicado señalpó que esta herramienta tecnológica ofrece múltiples beneficios como la reducción de tiempos y costos de traslados, además de generar mayor transparencia y certidumbre para los usuarios en órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y autoridades interconectadas. Con este instrumento, que funciona todo el año y desde cualquier parte del mundo, dijo que es posible promover escritos iniciales de demanda y solicitudes en todos los tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales.

Añadió que también permite consultar expedientes, interponer recursos, recibir notificaciones y/o documentos oficiales, comunicaciones y promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, entre otros servicios, y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

“A partir de su implementación, en octubre de 2014, la utilización de la FIREL ha crecido de manera exponencial y todas las instancias del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizan esfuerzos extraordinarios para facilitar el conocimiento de esta herramienta y su accesibilidad desde cualquier computadora o dispositivo móvil. De igual forma, para potenciar su uso, el PJF ha suscrito convenios de reconocimiento homologado de la FIREL con diversos certificados digitales emitidos por autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con Poderes Judiciales de diferentes estados del país”.

Añadió que la FIREL forma parte de un conjunto de programas estratégicos del CJF cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la justicia digital para todos, “que sea cada vez más ágil, expedita, moderna y cercana a la sociedad. Con apoyo de instrumentos basados en nuevas tecnologías, el CJF ha adoptado una visión institucional de largo plazo con la que reafirma su compromiso con la justicia que cada día ofrece nuevos retos frente a la transformación digital y los gobiernos de datos abiertos”.