Mexicali, BC. A mas de un año que el empresario Carlos Slim cerró la mina de oro y plata "Real de Ángeles", ubicada en la península de Baja California, 33 trabajadores se encuentran en la incertidumbre jurídica y el desamparo de los tribunales laborales.

El cierre de la mina se realizó el 1 de diciembre de 2022 en medio de conflictos con trabajadores y con ejidatarios que mantienen dos litigios por la renta de hectáreas del ejido Plan Nacional Agrario con el mismo precio de hace dos décadas, ocupar terrenos comunales, contaminar mantos acuíferos y explotar pozos de agua de manera ilegal pues carece de permisos de la Comisión Nacional del Agua.

La defensa jurídica de 33 trabajadores de la mina dio a conocer que en un año solo se otorgó audiencia en tribunales laborales a seis empleados.

Por segunda ocasión, el abogado Víctor Dávalos solicitó un embargo precautorio por el adeudo de más de 3 millones de pesos de salarios, aguinaldos, vacaciones, primas y hasta caja de ahorros de los trabajadores.

En noviembre de 2022, la gerencia de Frisco anunció a los trabajadores que por el cierre de la mina su centro de trabajo sería en Zacatecas en alguna otra mina del Grupo Carso o, en su caso, que renunciaran.

Los trabajadores que aceptaron la propuesta patronal de cambiar de ciudad fueron trasladados a Zacatecas, ciudad en la que encontraron su remoción mas tarde, de acuerdo a versiones de los empleados de la mina.

El resto decidió luchar por sus derechos y presentar una demanda por la rescisión de su contrato y exigir el pago correspondiente, de los cuales sólo seis han tenido audiencias en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (PROFEDET) en Mexicali, sin que se haya registrado una sola resolución.

Mientras tanto, cerrados con cadenas y candados se encuentran los accesos de la mina situada en el kilómetro 23 de la carretera Mexicali-San Felipe.