La violencia en América Latina y el Caribe ha crecido desde la década de los noventa pese a que han mejorado algunos indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad en la región. En la actualidad, los mercados ilegales se yuxtaponen con actividades lícitas, los grupos criminales se han atomizado y especializado en una serie de delitos cada más predatorios contra la población, mientras los estados han perdido la capacidad de desincentivar el crimen, explica el académico Marcelo Bergman.

Es un hecho que, en mayor o menor medida, en todos los países de América Latina ha crecido la violencia medida por asesinatos y robo, pese a la mejora de indicadores económicos. La pregunta del millón es por qué creció el delito si ante estos indicadores debería haber bajado, plantea el investigador.

“En el contexto latinoamericano, la relativa mejora general de los ingresos alimentó involuntariamente la criminalidad (…) Ahí radica la paradoja latinoamericana”, sostiene el autor en El negocio del crimen. En entrevista con La Jornada refiere que una mayor demanda interna de autos, celulares, ropa y dispositivos digitales –y externa de drogas– hizo que los grupos criminales se organizaran para proveer estos bienes, lo que derivó en la creación de mercados ilícitos.

Hay una yuxtaposición entre la criminalidad de nuestros días y la licitud de los mercados. No todos los mercados son absolutamente ilegales, como el caso de la droga. Hay otros que se alimentan del robo y contrabando, y a ellos acuden algunos consumidores latinoamericanos porque los costos pueden resultar más atractivos. Lo interesante del negocio del crimen es que hay un fuerte componente legal.

Por ejemplo, aunque no está prohibido el tabaco, uno de cada tres cigarros en América Latina tiene procedencia ilícita y se mezclan en los mercados legales donde el consumidor desconoce el origen. Lo mismo ocurre con otros bienes que provienen de robos con violencia, como las refacciones (en la región se roban más de un millón de autos por año y se desmantelan en tres horas para venderlos en partes).

El gran impulsor de la delincuencia es este crimen organizado que provee los mercados ilegales, acentúa Bergman. Las débiles políticas contra la inseguridad y las grandes ganancias de las actividades ilegales se retroalimentan y crean así un círculo vicioso (...) un equilibrio perverso de alta criminalidad y poca eficacia estatal, desarrolla en El negocio del crimen, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

Sobre el último eslabón

El avance del delito que lleva a un entorno de alta criminalidad, que se da cuando los estados, a través de política pública, policías y sistema judicial se han vuelto incapaces de disuadir los crímenes y de ahí vienen los delitos altamente predatorios como la extorsión, el secuestro y los homicidios por control territorial, asegura Bergman.

Hay diferencias entre crimen y violencia, ésta se detona cuando hay varios grupos del crimen organizado peleando por un mercado o un territorio que resulta nodal para su negocio. La violencia se reduce cuando hay un monopolio, lo ideal es que sea el monopolio del Estado, enfatiza el investigador.

Por ejemplo, cuando una sola banda controla un territorio, paradójicamente puede seguir el crimen pero hay menos violencia, expone. Pasó en Sao Paulo, Brasil, donde el Primeiro Comando da Capital tomó el control hegemónico y, en 15 años, el homicidio bajó de 50 por cada 100 mil habitantes a 10, compara.

En México ocurrió lo contrario durante la llamada guerra contra las drogas, que dio pie a que grupos vinculados a los cárteles se involucraran en otros delitos. El problema es que (Felipe) Calderón, al intentar romper con los grandes grupos, los fraccionó más, y llevó a un aumento de conflictos entre bandas, como lo que está ocurriendo en Ecuador, comenta Bergman.

Los cárteles en México subcontratan a diferentes grupos para tareas de custodia y trasiego, oferta de armas, control de territorio y sobornos. Pero de ahí se desarrollan otras actividades, como el robo de gasolinas, la ordeña de ductos de hidrocarburos, la trata de personas y la más común: la extorsión, lo que potenció la criminalidad a lo largo de varios años, destaca.

Al margen de las policías de América Latina, que han sido rebasadas en su capacidad de disuadir el delito, el sistema de justicia penal se encaminó en detener al último eslabón de la cadena (...) pero nunca desarman los nudos críticos de los mercados ilegales.

Bergman ejemplifica: en la minería se suelen acusar a los campesinos por la extracción irregular, pero no se toca al distribuidor ni al gran mayorista. Eso no acaba con el negocio. Hay un efecto de remplazo, por eso tenemos las cárceles llenas y no podemos resolver.

Ensayar una solución no sólo pasa por las instituciones, sino por desatar los nodos en los que se encuentra el negocio criminal, hay que entenderlo y crear los incentivos para que no exista. Es muy difícil, admite el investigador. Por ejemplo, las autopartes suelen tener tasas impositivas muy altas, prácticamente la mitad de lo que cuesta una llanta es impuestos. Si éstos se reducen, el consumidor en la calle podría preferir los mercados legales.

En este caso no entra un fiscal, un juez, un policía... nada. Es política pública.

Servicios especializados

Al margen de otras actividades con las que lucran, el negocio de las cárteles es el trasiego de narcóticos, sus ganancias ahí equivalen a 25 por ciento del precio total de la droga, lo que hace de su control uno de los principales detonadores de violencia, afirma Bergman.

“El negocio de los grupos narcos está en haberse especializado en cruzar la frontera a través de distintas técnicas”. Sí, existe la diversificación criminal que les ha hecho entrar en otras delitos que les significan ganancias, como el tráfico de personas, el contrabando, la extorsión, pero el negocio fundamental, por el cual se han hecho multimillonarios en dólares, es por sus habilidades para burlar la frontera. Eso es lo más difícil.

Bergman compara cómo la ilicitud dispara la utilidad. Un kilo de café en una finca de Colombia cuesta 3 dólares y alcanza los 12 dólares en cualquier ciudad estadunidense. Un kilo de cocaína también proveniente de una finca de Colombia puede costar aproximadamente dos mil dólares, en Brasil o Argentina ese mismo producto puede alcanzar 20 mil dólares, pero fraccionado en Estados Unidos para su venta alcanza 200 mil dólares.

Cuanto más sofisticados son los métodos para frenar ese flujo, mayor es el diferencial de precios y mayores utilidades tienen los cárteles. Como el mercado en Estados Unidos es muy grande –de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de ese país, 70 millones 338 consumieron narcóticos ilícitos en el último año–, el que lo provea se va a hacer millonario, precisamente porque es ilegal.

Negociar y pacificar

México comparte una frontera de 3 mil kilómetros con Estados Unidos y los grupos mexicanos de la droga, que siempre traficaron marihuana y la goma de opio, eran ricos, pero no en la dimensión de lo que son ahora. Y, en ese momento, el país no tenía el problema de criminalidad que tiene hoy, puntualiza.

Las instituciones policiales mexicanas, históricamente corruptas y débiles, habían logrado contener el crimen, pero esto terminó con la modificación en el mercado de cocaína.

Los traficantes aprovecharon la debilidad institucional del sistema de justicia penal mexicano para socavar el frágil equilibrio preexistente, allanando el camino para la actual ola de violencia.

De acuerdo con lo consignado por el sociólogo, en México hay un mercado interno de cannabis, cocaína y sus derivados, que no excede 600 millones de dólares; el principal negocio viene del tránsito a Estados Unidos, donde la política prohibicionista no contiene la demanda de drogas.

Si los norteamericanos son sumamente capaces de frenar el ingreso de la droga a Estados Unidos y a México, se desarrollarán otras rutas, pero la demanda va a seguir existiendo. No es mi sugerencia, pero hay caminos de pacificación, negociación. Es decir, nada es tolerable en términos de violencia, lo demás se puede tolerar.