Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Irma Juan Carlos, asevera que la reforma al artículo 2º de la Constitución que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio, atiende “una deuda histórica” con los pueblos originarios a fin de alcanzar la justicia social para nuestras comunidades.

Sostiene la también líder indígena chinanteca de Oaxaca, es un gran avance porque "da base constitucional a la consulta, esto es debemos ser consultados sobre las medidas administrativas o legislativas que nos impacten negativamente en nuestra vida o entorno y podremos recibir beneficios que obtengan los particulares del lucro que obtengan por actos administrativos a su favor”. Nosotros, apunta, “decidiremos si queremos que se concesionen minas, agua y nuestros bosques”.

La legisladora, subraya: “nos legitima para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento a nuestros derechos reconocidos en esta ley y permitirá que los pueblos indígenas y afromexicanos podamos recibir, administrar y ejecutar los recursos públicos que se nos destinan sin que tengan que pasar por tanta burocracia, por las entidades o los municipios”.

Para nosotros como indígenas, resalta en entrevista, “significa una oportunidad histórica que el Estado nos reconozca para acceder a los derechos fundamentales individuales y colectivos. Es trascendental ser reconocidos como sujetos de derecho público, algo que se nos ha negado por muchos años, a propósito de cumplir un año más de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde el Estado mexicano se había comprometido a reconocernos, pero eso quedó a medias y, hoy el presidente López Obrador da este paso tan importante enviando esta iniciativa a la Cámara de Diputados”.

Como mujer indígena, dice: “soy parte de éstas comunidades, estamos viviendo, como lo han dicho varios compañeros, un momento estelar, un momento único en la vida pública del país, porque por primera vez un presidente de la república construye una iniciativa para reconocer desde el Estado, los derechos fundamentales de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público”.

Rememora, “los años de gobiernos neoliberales fueron en detrimento nuestro. Fueron las políticas públicas de asistencialismo, de darnos una dádiva a los pueblos indígenas, aun siendo poseedores de grandes extensiones territoriales, aun siendo los guardianes de los recursos naturales, de los bosques, de la madera del agua. A pesar de ser los dueños originales de este territorio, los gobiernos pasados, corruptos, neoliberales, trataron de masacrarnos, callarnos”.

La líder chinanteca, señala: “intentaron que perdiéramos nuestras lenguas, nuestras culturales, quisieron arrebatarnos todo. Hablamos de territorios que se concesionaron a los privados sin las consultas previas, hablamos de las concesiones mineras en nuestro territorio, de las concesiones de agua, de nuestros bosques. Nosotros somos los poseedores y dueños de esos recursos, pero tuvieron que implementar una política pública de exterminio para quedarse con nuestros territorios.

“Y ahora, a diferencia de antes, tenemos un presidente que está reconociendo éstos derechos en la Constitución, que esta implementado programas y políticas públicas para ayudar a los más pobres, a los más necesitados, en este caso a los pueblos originarios”, concluye.