Debe celebrarse que AMLO reabriera y dilatara el debate sobre la ineludible prioridad social de nuestro destino pensionario buscando salidas para quienes pasarán a retiro para las mujeres, los jóvenes y quienes subsisten jubilados con mensualidades miserables. Sin embargo, no puede igualmente celebrarse lo que el equipo de la SHCP –a cargo del secretario Rogelio Ramírez de la O– elaboró como iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto y se recorre el subsecuente del artículo 123 de la Constitución, el pasado 5 de este mes.

En su médula, esta iniciativa hacendaria deja sin atender amplios grupos afectados por el cuadro de reformas neoliberales (1982-2018) y representa un parche más –un mal parche– para seguir subsidiando con recursos públicos (vía el Fondo de Pensiones para el Bienestar, constituido con recursos varios, provenientes de extinción de organismos del Estado, venta de activos públicos y donaciones, entre otros) a un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en sí ya híper subsidiado, con las cuentas individuales que operan las afore devolviendo a los trabajadores (dueños de los fondos) pensiones en el sótano.

La franca pobreza técnica de la iniciativa hacendaria deja caer apenas una gota de agua sobre la piedra ardiente del desafío pensionario, mientras sigue pateando el bote al futuro cercano, evitando remodelar estructuralmente el SAR para usar esa nueva fuente de recursos públicos haciendo algo diferente a la hora de pagar pensiones.

Algo similar ya ocurrió el 16 de diciembre de 2020, también en la 4T, con el tibio ajuste a los trabajadores amparados en el Apartado A del artículo 123 constitucional cubiertos por el IMSS. Como en ese momento, ahora la iniciativa del secretario Ramírez de la O confirma que, a pesar de la voluntad política presidencial, no se contó con un equipo innovador y competente para diseñar salidas de auténtico remodelaje del SAR y a la altura de las grandes expectativas que levantaron los varios anuncios presidenciales sobre la urgencia de atender esta prioridad social.

Una lectura inicial del Grupo de Estudio de Políticas Públicas de Salud y Seguridad Social muestra que, en esencia, la iniciativa-Ramírez de la O propone que los trabajadores que empezaron a cotizar al IMSS (Apartado A) a partir del 1º de julio de 1997 y los empleados públicos bajo el régimen de cuentas individuales (Apartado B) en Pensionissste, tendrán derecho a que su pensión de vejez a los 65 años de edad y 20 años de cotizaciones sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, que en 2023 fue igual a 16 mil 778.68 pesos o cinco umas de 2024.

Es decir, el gobierno federal pondrá los recursos complementarios a los de la cuenta individual para que el trabajador alcance una pensión igual a su salario, pero hasta un tope de cinco umas mensuales. Así que la iniciativa no incluye el mejoramiento de las pensiones de los trabajadores bajo la Ley del Seguro Social 1973 ni de los pensionados y trabajadores bajo el artículo Décimo Transitorio de la Ley Issste 2007.

Con los 16 mil 778.68 pesos o cinco umas de 2024, el gobierno federal sólo se compromete a garantizar una pensión a trabajadores IMSS-Issste en cuentas individuales igual a 50 por ciento del tope vigente en el Décimo Transitorio que corresponde a 10 umas mensuales o 33 mil 005.3 pesos.

Sin embargo, no todos los trabajadores IMSS-Issste en cuentas individuales gozarán del derecho de una pensión topada a 16 mil 778.68 pesos; únicamente se aplicará a quienes se pensionen con posterioridad a la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

En el caso del IMSS, la iniciativa cubriría cerca de 70 por ciento de aquellos trabajadores que cotizan entre un salario mínimo y hasta cinco veces la uma (informe financiero IMSS-2022, página 23). Mientras, en el Issste quedarán potencialmente excluidos 58 mil pensionados bajo cuentas individuales (cifra con datos al cierre de 2022) y en el IMSS quedarán también fuera 429 mil 871 pensionados bajo cuentas individuales (cifra con datos al cierre de 2022). De la misma manera, no podrán mejorar su pensión aquellos trabajadores que con su ahorro individual puedan financiar una renta vitalicia (pensión) superior a 16 mil 778.68 pesos.

De este modo, si el gobierno entrante (2024-2030) no actúa, seguiremos enfrentando generaciones de jubilados apenas en sobrevivencia, así como mujeres y jóvenes sin horizontes pensionarios prometedores. La iniciativa Ramírez de la O deja caer apenas una gota de agua en piedra hirviente.

El debate y la búsqueda de salidas para remodelar el SAR debe proseguir –no sólo en los espacios legislativos–, procurando que el invocado segundo piso de la 4T evite culminar subsidiando, como con el tibio ajuste de 2020, un sistema afore (cuentas individuales) que jamás pagará pensiones dignas y ajustándose a la oferta original de AMLO para revertir el daño de las reformas neoliberales de Zedillo y Calderón-Beltrones.