Mientras se presenta en el Congreso de la Unión una pírrica y acotada reforma constitucional en materia de derechos indígenas, muy lejos de la integralidad jurídica que se propuso en el diálogo de San Andrés, la guerra contra los pueblos originarios del México cuarto transformista continúa en todo el territorio nacional.
El llamado crimen organizado asola espacios comunitarios en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, entre otros estados bajo el asedio delincuencial, mientras la militarización y el militarismo van de la mano de reiteradas declaraciones presidenciales de reconocimiento a las fuerzas armadas, que no han disminuido la letal presencia de los cárteles en los ámbitos rurales y urbanos.
Así, se impone violentamente la acumulación militarizadadelincuencial, que caracteriza al capitalismo actual.
El caso de Ostula, Michoacán, es paradigmático. En el comunicado del 2 de febrero de la comunidad nahua de Santa María Ostula se informa sobre los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación, que, con un comando de al menos 50 sicarios, se internó en territorio comunal, quemando casas e hiriendo a un comunero. Gracias a la organización autónoma, la guardia comunal hizo frente a los criminales, aseverando que seguirán “en la primera línea, garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población”, aunque señalan: “El contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal contra nuestra guardia”. Y se preguntan: “¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? ¡Absolutamente nada! Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra guardia comunal a pesar de que el juez sexto de distrito, con residencia en Uruapan, ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento”.
Igualmente, como ha sido informado por medios de comunicación alternativos, redes solidarias y organismos de defensa de derechos humanos, los ataques de paramilitares y cárteles del crimen organizado contra comunidades zapatistas y no zapatistas han continuado en varias regiones del estado de Chiapas, ocasionando múltiples violencias y desplazamientos forzados de población (ver Camino al andar, https://www.caminoalandar.org/).
En el ámbito de la impartición de justicia, la guerra contra los pueblos se lleva a cabo judicializando la resistencia contra los megaproyectos en curso. Tal es el caso de la condena a 46 años y seis meses de prisión al defensor comunitario David Hernández en Oaxaca, por oponerse a la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, Puente Madera. La Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Aphdtt) manifestaron que la criminalización de Hernández demuestra “la corrupción y colusión de las autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas”. Las asambleas exponen que Hernández fue criminalizado desde 2017, por oponerse a la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano, y en ese momento fue detenido ilegalmente y golpeado por la policía municipal, siendo, además, víctima de campañas de difamación y amenazas a su integridad física y sicológica. De nueva cuenta, en 2021, por su representación como agente comunitario de Puente Madera, e integrante de la coordinación de Aphdtt, fue judicializado y perseguido por autoridades locales y estatales, así como por la Sedena, Marina y Guardia Nacional, enfrentando una primera demanda federal (269/2021) en la que no fue vinculado a proceso. Las asambleas exigieron la revocación de la sentencia y el disentimiento de la causa penal 446/2022, que incluye las órdenes de aprehensión contra los 17 defensores de Puente Madera. Asimismo, llamaron a los pueblos, comunidades y organizaciones a emitir pronunciamientos y realizar acciones en solidaridad con Hernández Salazar (Desinformémonos, 9/2/24).
En la misma dirección, el 9 de febrero se publicó un comunicado de los presos políticos de San Juan Cancuc, Chiapas, exigiendo su libertad inmediata, en el contexto de la próxima audiencia sobre su caso. Se trata de cuatro compañeros que llevan 20 meses en prisión con cargos prefabricados y testigos falsos: Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velazco y Juan Velasco Aguilar, quienes, a través de una sencilla nota, escrita a mano, exigen que la fiscalía indígena y el juez los liberen, y demandan que “no se les deje solos”, comprometiéndose a seguir en la lucha hasta obtener su libertad.
