San Cristóbal de Las Casas, Chis. Una reforma constitucional, incluso la más perfecta, no puede dar resultados si no se inserta en el contexto social y que haya superado el racismo y la discriminación racial estructural, afirmó el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay.

Al dictar una conferencia magistral en el marco del 28 aniversario de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dijo que el alzamiento armado del primero de enero de 1994, “cambió la geopolítica mundial”.

Ante decenas de estudiantes de derecho, agregó: “Qué más importancia que sea hoy (la conferencia) cuando se cumplen 28 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, los cuales no tienen la importancia que tienen sin un contexto”.

Expresó que “el primero de enero de 1994 cambió la geopolítica mundial y salió a luz que había un país en desarrollo, en el cual había varias realidades; eso lo demostraron (los zapatistas) cuando mostraron que había dos desarrollos en un mismo país. Un desarrollo como le llaman ahora avanzado, destructor, y un subdesarrollo que protege la madre naturaleza. Esa es una realidad que se dio a conocer en 1994”.

Recordó que el 17 de octubre de 1995, fue “otro día histórico porque comenzaron las negociaciones (entre el EZLN y el gobierno federal) para llegar a un acuerdo y no se profundizara la crisis que se estaba dando, lo que desembocó, el 16 de febrero de 1996, en la firma de los acuerdos de San Andrés”.

Agregó: “Esto es importante y no se pueden ver sin el contexto de esos momentos históricos las reformas constitucionales, pero no vengo a hablar de las reformas constitucionales de México sino de las que benefician a los pueblos indígenas en el mundo”.

De origen guatemalteco y hablante de la lengua cakchikel, Cali Tzay disertó la conferencia Reformas constitucionales sobre pueblos indígenas y la importancia de la armonización con tratados internacionales, invitado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) y por la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.

En el aula magna de la facultad, afirmó que “hasta la fecha no he visto ninguna Constitución que adopte y aplique plenamente los derechos de los pueblos indígenas establecidos en instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Dijo que “no podemos hablar de interculturalidad cuando en la realidad hay una injusticia estructural y pone a muchos pueblos bajo los niveles de progreso en educación. Cuando se habla de interculturalidad tratando de esconder esto simple y sencillamente es una política moderna de asimilación”.

Insistió en que “en la protección de los derechos de los pueblos indígenas no sólo se requiere un reconocimiento formal, sino un aparato legal capaz de implementarlo y tribunales constitucionales que los interpreten y que haya voluntad política para implementarlos”.

En teoría, subrayó, “todo lo que está en las constituciones es bien lindo, pero en la práctica tiene que haber voluntad política para que realmente se respeten los derechos de esos pueblos indígenas, de lo contrario no habrá ningún avance en la práctica”.

El relator de la ONU, quien declinó opinar acerca de la propuesta de reforma que recientemente envió al Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre derechos de los pueblos indígenas, con el argumento de que su visita fue académica, no oficial, afirmó que “México tiene un avance bastante grande, principalmente en la academia. Fue en los años 80 cuando inició el reconocimiento de ese derecho propio de los pueblos indígenas y desde México se empezó -voy a utilizar la palabra contaminar de manera positiva- esa visión de la necesidad de reconocer el propio derecho de los pueblos indígenas”.