Xalapa, Ver. La fiscalía de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Giadáns ha sido omisa y negligente en la integración de tres carpetas de investigación contra autoridades del gobierno de Javier Duarte, responsables del saqueo al Instituto de Pensiones del Estado y de la agresión a los pensionados y jubilados veracruzanos durante una protesta en 2015.

Sergio Téllez Galván, quien es parte de los jubilados, dijo que al tener detenidas estas investigaciones y no sancionar a los responsables se violentan los derechos de 30 mil pensionistas y más de 90 mil trabajadores de los tres poderes en Veracruz, municipios y diversos organismos estatales. Y se protege y fomenta la impunidad de funcionarios públicos y representantes sindicales que forman parte del Consejo Directivo del IPE.

Téllez Galván documentó que en 2015, los derechohabientes vivieron el continuo retraso en el pago de prestaciones y la emisión de cheques sin fondo para el pago de su pensión.

“Esa incertidumbre en el pago se convirtió en protestas en varias ciudades de la entidad veracruzana…, lo que devino en la violenta y abusiva represión de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Policía Estatal el 23 de diciembre de 2015”.

Por esta agresión por parte de los policías, los pensionados presentaron una denuncia que dio lugar a la carpeta de investigación FESP/477/2016.

“La Fiscalía requirió de 8 años para señalar ante un juez a sólo algunos de los responsables menores. No se incluye a Flavino Ríos Alvarado, Secretario de Gobierno en ese entonces, y quien públicamente manifestó ser el responsable de ordenar el uso de la fuerza pública”.

Además, dijo Téllez Galván, la Fiscalía incumple con la resolución de un Juez de Control que ordena reconocer no sólo como testigos de la agresión, sino como víctimas de la misma a 24 jubilados que así lo solicitan.

Además de esta denuncia, existen dos más, la primera que derivó en la carpeta de investigación, FESP/245/2016/VI, presentada el 1 de agosto de 2016 por peculado, incumplimiento del deber legal, coalición y abuso de autoridad al Consejo Directivo del IPE por el manejo de recursos de la reserva técnica.

Y la segunda presentada dos años después, que derivó en la carpeta de investigación FESP/842/2018/VII, por la inexistencia de documentación bancaria que compruebe la devolución de un préstamos por mil 600 millones de pesos hecho al gobierno del estado, que encabezaba Javier Duarte.

Téllez dijo que aunado a esas denuncias presentada por ellos, a partir de un posible daño patrimonial de la cuenta en 2015, el ORFIS interpuso dos denuncias (FESP/033/2015/011 y FESP/012/2015/047), en la Fiscalía “duermen el sueño de los justos”.

Téllez Galván dijo que tras siete años, “la Fiscalía es incapaz de hacer uso de todas sus atribuciones para establecer la verdad de los hechos y señalar si hay o no delito que perseguir”.

“Pareciera que hay un acuerdo entre la Fiscalía para que no se aclaren, para que no se señalen responsabilidades sobre los asuntos que se están demandando”.