Ciudad de México. Después de 22 años buscando justicia por el asesinato de su hija Lilia Alejandra García, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Norma Andrade, junto con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos, lograron que el caso fuera admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Con ello el Estado mexicano tendrá que responder por la impunidad en la que permanece el feminicidio, con sólo un hombre detenido desde 2018, a quien no se le ha logrado comprobar su participación en los hechos, aseguraron los abogados. Además, destacaron que este es el tercer caso que llega a este tribunal relacionado con asesinatos de mujeres, pues ya hay sentencia por Campo Algodonero y la defensora Digna Ochoa, ambos ocurridos en 2001.

“Espero que el caso sirva para que mi hija tenga justicia, pero también para que el Estado le garantice a todas las jóvenes del país el poder salir a las calles, a los bailes, en paz, vestirse como quieran y saber que podrán regresar a sus casas”, expresó Norma, en conferencia de prensa.

Señaló que la justicia para su hija y su familia no se dará por iniciativa del Estado mexicano, “para que éste resuelva los asesinatos de nuestras jóvenes, los feminicidios de mujeres, tiene que estar obligado”.

En este sentido, consideró que la sentencia de la CoIDH “va a tener mucho peso” para su familia si se menciona “a los funcionarios que de una u otra manera han sido negligentes y algunos hasta corruptos para proteger a los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez, sean castigados”.

Karla Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, recordó que Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero de 2001 cuando tenía 17 años. Salió a trabajar y ya no regresó a su casa en la que vivía con sus dos hijos.

Refirió que a pesar de que desde ese momento Norma denunció la desaparición, las autoridades no la buscaron, incluso pese a que el 19 de febrero una persona notificó a la policía que una joven con las mismas características de Lilia Alejandra estaba desnuda por una calle, “huyendo y que había un sujeto que la estaba jalando para introducirla en un automóvil”. El 21 de ese mismo mes, el cuerpo de la joven fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual.

La abogada expuso que durante estos años se logró preservar el material biológico que fue encontrado en el cuerpo de Lilia Alejandra, lo que ha permitido tener perfiles genéticos parciales de cuando menos dos de los agresores.

“A lo largo de estos años también nos ha permitido identificar genéticamente que cuando menos uno de los agresores también lo es de otras niñas que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, es decir, estamos hablando de un tipo de criminalidad específica, de hombres que se han organizado para secuestrar, torturar y asesinar principalmente niñas”, sostuvo.

Detalló que “se ha logrado identificar que cuando menos desde 1995 a 2005 este grupo estuvo operando en Ciudad Juárez y ha cobrado la vida, lo sabemos por la información que hasta este momento hemos identificado, a cinco víctimas, pero sabemos que probablemente hay otras involucradas”.

Al respecto, David Peña, abogado, indicó que la fiscalía de Chihuahua ha detenido a una persona, acusada de diversos delitos, entre ellos el feminicidio de Lilia Alejandra, pero “no le ha logrado probar ni siquiera que esa persona sea la misma que participó en los hechos. Lo que nosotros estamos viendo es que de nueva cuenta le está apostando, como le ha hecho en otros casos, a la fabricación de una responsabilidad de una persona que no tiene pruebas ni datos científicos para corroborarlo”.

Salas mencionó que ya en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el feminicidio de Lilia Alejandra en el que resolvió que el Estado mexicano es responsable internacionalmente por no actuar con la debida diligencia en la búsqueda inmediata de la joven, en la investigación y en la sanción de responsables.

Igualmente, dijo, señaló que el Estado mexicano ha estado en falta en generar una política pública que permita prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres.